11°SAN LUIS - Miércoles 16 de Septiembre de 2026

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La morosidad golpea el servicio de agua: la cooperativa anuncia cortes por boletas impagas

La entidad advierte dificultades para afrontar pagos, pero no informa pasivos ni precisa qué ayuda tendrán los usuarios.

Por redacción
| Hace 2 horas

La morosidad pone en tensión el acceso a un servicio esencial en San Luis: la cooperativa de agua de Potrero de los Funes anunció que desde el miércoles 16 de septiembre comenzará a cortar el agua a los asociados que adeuden tres o más boletas. La entidad advirtió que el “alto grado de morosidad” repercute en los pagos a proveedores, empleados y contratistas, en las obras de mantenimiento y en la prestación general.

 

 

El anuncio se conoce en una provincia que, según datos de CEPA correspondientes a junio y difundidos por Radio Universidad, se ubicó cuarta en el país en irregularidad crediticia, con un 20,5%. Aunque ese indicador no mide deudas por servicios, aporta contexto sobre las dificultades económicas de los hogares. 
 

 

 

El comunicado deja sin precisar la dimensión del problema: no informa cuánto deben los asociados, cuántas familias están en mora ni a cuánto asciende el pasivo de la cooperativa. Tampoco detalla si existen obligaciones vencidas con empleados o proveedores. La advertencia abre, además, interrogantes sobre la respuesta estatal: si hubo pedidos de asistencia, qué medidas se evaluaron y qué alternativas podrían evitar que las dificultades para pagar terminen en hogares sin agua. El aviso no menciona gestiones ante el Gobierno provincial ni el municipio, por lo que no permite establecer qué intervención tuvieron.
 

 

 

La cooperativa pidió a quienes atraviesen situaciones de vulnerabilidad que se acerquen a la oficina, pero no explicó si ofrecerá planes de pago o garantías de continuidad del suministro. La legalidad de los cortes requiere revisar la normativa local y las condiciones de prestación: acumular tres boletas impagas no permite, por sí solo, concluir que la medida esté habilitada.

 

 

El marco de derechos humanos exige considerar la capacidad de pago antes de interrumpir el servicio y establece responsabilidades estatales para proteger el acceso al agua, incluso cuando la prestación está a cargo de terceros.

 

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