Con una pena de 15 años de prisión, juzgarán a un exfuncionario acusado de abuso sexual

Un exfuncionario de la Municipalidad de Luján, Felipe Bianchi Durán, enfrentará un juicio con un pedido de pena de 15 años de prisión acusado de haber violado en reiteradas ocasiones a la hija de una subordinada durante su gestión en la Comuna, entre 2018 y 2021.

La resolución que eleva la causa a juicio oral fue dictada por el juez de Garantías 2 subrogante, Juan Manuel Montiveros Chada, tras el pedido del fiscal de Instrucción 1, Francisco Assat Alí. Se conoció la semana pasada y ahora el Colegio de Jueces deberá fijar fecha para el inicio del debate oral, con una nueva fecha tentativa para fines de octubre.

La víctima, quien ya 16 años, denunció que el hombre abusó de ella en al menos seis oportunidades entre 2020 y 2021, cuando tenía entre 12 y 13 años. Incluso detalló que algunos de los ultrajes ocurrieron en el recinto donde Bianchi Durán cumplía su función pública y en la vivienda que compartía con su expareja, Mariela Páez Hernández, ex intendenta en el mismo período.

La historia se destapó en 2022 durante una consulta médica en el Hospital de Luján. Los profesionales notaron que algo no andaba bien y la adolescente entró en crisis mientras respondía preguntas. Allí pudo contar los abusos que había sufrido años antes. Al día siguiente, su madre, que era trabajadora doméstica de la familia, realizó la denuncia directamente en la Gestión de Unidad Fiscal de la capital.

Las sospechas del por entonces fiscal de Instrucción 1, David Emanuel Sastre, se confirmaron tras la entrevista en Cámara Gesell a la víctima ante la licenciada María José Pérez, una pericia clave para validar el testimonio. El 22 de junio de 2023, el juez de Instrucción 2, Ariel Parrillis, dio por formulados los cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de guardador accidental.

El día de la audiencia, el hombre ingresó raudamente y con la cabeza gacha a la sala de oralidad del Poder Judicial. Sastre describió frente al juez, al abogado Marcelo Otamendi -representante de la particular damnificada- y a la defensora oficial 2, Nadia Agúndez, los hechos narrados en Cámara Gesell. La psicóloga concluyó que se trató de un relato lógico, inestructurado y flexible, con algunos grados de desorganización, propio de este tipo de narraciones, y con indicadores positivos de vivencias compatibles con abuso sexual, con angustia y temor.

Sastre sostuvo que la víctima no vivía bajo el mismo techo, pero que por la relación de confianza quedaba a su cuidado cuando la llevaban de vacaciones a San Luis o a Potrero de los Funes, incluso a pasar las fiestas de fin de año, por cuatro o cinco días. En el expediente se incorporaron entrevistas, informes médicos y ginecológicos.

En esa audiencia se le impuso la prohibición de ingresar a Luján, la prohibición de acercamiento a la víctima y su familia por 120 días -medida luego prorrogada-, la prohibición de salir de la provincia y la prohibición de contactarla por redes sociales o cualquier medio.

Para la víctima, lo que le hizo fue traumático. Otamendi aseguró que los trastornos son tales que tuvo que cambiar su cotidianeidad y que hace muy poco sufrió un episodio en el que intentó tomar una drástica decisión contra su vida.

Pese a estar elevada a juicio, con Fiscalía con pedido de 15 años y prueba incorporada, el debate se posterga desde 2024. Por eso la Red Infancia Robada – Foro San Luis difundió el comunicado "Felipe B. D.: ¿qué está pasando? ¿hasta cuándo?" y pregunta si el poder económico, político, familiar o profesional del imputado puede influir en los tiempos de la Justicia.

El Foro exige que el juicio se realice con independencia, imparcialidad y perspectiva de protección de las víctimas.