El Sindicato de Judiciales reclamó al Superior Tribunal cambios en el régimen de licencias

La presentación, fechada el 3 de septiembre, fue dirigida a los ministros Jorge Alberto Levingston, Andrea Carolina Monte Riso, Víctor Manuel Endeiza, José Guillermo L’Huillier y Eduardo Segundo Allende. El gremio interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio y dejó planteada la posibilidad de ampliar posteriormente sus fundamentos.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el cómputo de las vacaciones ordinarias. El sindicato pidió que durante los recesos judiciales de enero y julio se contabilicen días corridos, pero que en el resto del año se consideren días hábiles consecutivos.

La organización sostuvo que los sábados, domingos y feriados son jornadas de descanso y, por lo tanto, no deberían ser absorbidos por las vacaciones. También reclamó que un trabajador que se encuentre de licencia ordinaria no pueda ser convocado hasta su reincorporación en un día hábil.

En la misma línea, pidió reemplazar la expresión “días corridos” por “días hábiles” en el artículo 6 y conservar la posibilidad de dividir las vacaciones, como máximo, en dos períodos.

Otro punto objetado es la cantidad de trabajadores que deberán permanecer en funciones durante la feria judicial. El gremio propuso que los mínimos y máximos sean definidos por los responsables de cada organismo, dependencia u oficina, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Además, solicitó que se establezca expresamente que la licencia ordinaria pueda utilizarse hasta el 31 de marzo del año siguiente. Según argumentó, esa precisión permitiría mantener un criterio uniforme y garantizar la igualdad de derechos para todo el personal judicial.

El sindicato también pidió incorporar hasta cuatro días anuales por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. Advirtió que, con el sistema actual, la falta de justificación puede derivar tanto en el descuento salarial como en la pérdida del día de licencia, situación que calificó como un “doble castigo”.

Los cuestionamientos alcanzaron además al régimen de asistencia. La organización reclamó que se conserve el plazo para comunicar una inasistencia dentro de la primera hora del horario de atención al público, en función de la tolerancia mensual prevista.

Para los titulares de organismos judiciales, propuso que, si no existe un aviso previo, la inasistencia quede registrada automáticamente una vez transcurrida esa primera hora. Argumentó que exigir otra comunicación supone una duplicación innecesaria y señaló que esos funcionarios no cuentan actualmente con un mecanismo para compensar las horas trabajadas fuera de la jornada habitual.

El gremio afirmó que las responsabilidades jurisdiccionales y la tramitación de causas suelen extenderse más allá del horario formal. Sobre esa base, sostuvo que algunos aspectos del nuevo régimen generan condiciones desiguales y solicitó al Superior Tribunal una revisión del acuerdo.