La conclusión de dos peritos del Poder Judicial que entrevistaron a Esperanza Alejandra Barzola y a Mario Sergio Molina, la pareja juzgada por el asesinato de su beba, Nazarena Molina, bien puede resumirse en un concepto, tan perturbador como la razón por la que están presos: ambos pueden comprender que los maltratos a los que fue sometida la criatura de cinco meses es un delito. Dicho en otras palabras, los jóvenes de 24 años son imputables.
El miércoles, los dos profesionales que explicaron y abundaron en detalles de los informes que les encomendaron en su momento son el psiquiatra Franco Mastronardi y la psicóloga Miriam Bottino.
Dieron, además, algunas referencias que permitieron trazar un perfil psicológico de los padres de la nena. Esperanza fue caracterizada como una mujer sumisa, que tiene un “‘planeamiento emocional’; es un término específico que usan para referir que la persona es inducible, manejable”, resumió una fuente. “La psicóloga dijo que ella tiene un cierto retraso mental –continuó–, pero que tenía capacidad para hacer una denuncia", por ejemplo, sobre los maltratos a su hija, por los que responsabiliza a su pareja. Pero no lo hizo.
Molina fue definido como un hombre violento.
En la misma audiencia también declaró la asistente social María del Rosario Allende, a quien también le encargaron en su oportunidad un informe, en el que plasmó la información que aportaron vecinos de los acusados. La pareja ocupaba una precaria construcción ubicada en el sector este de la propiedad de la madre de Molina, en Lavalle 1934, esquina Vicente Dupuy, en el barrio San Martín Norte de la Capital.
Del estudio realizado por la asistente social se desprende que Molina tenía afición por las bebidas alcohólicas –un hábito que, según contó la fuente, compartía con su madre, que vive en la vivienda lindante a la suya– y que Barzola, inclusive cuando estaba embarazada, solía salir a recolectar latas, chatarra y vidrios para vender y conseguir algún dinero para los gastos de la comida diaria. “Con eso, más la asignación que percibía por los dos chicos –en referencia a Nazarena y a Valentina, su hermanita mayor–, iba a los negocios de la zona y compraba algo de alimento”, contó.
La audiencia de ayer fue breve. Ante el tribunal integrado por Hugo Saá Petrino, Gustavo Miranda Folch y Fernando De Viana declararon dos planimetristas y una fotógrafa de la Policía de San Luis que registraron cómo es el domicilio donde la nena fue víctima de los maltratos.
La presencia de los peritos determinó que el tribunal y las partes consideraran innecesario inspeccionar la casa de Nazarena, actividad que inicialmente estaba programada para ayer. La Cámara resolvió desestimar esa prueba.
También declaró la pediatra Susana Rosales, que trabajó aquel viernes 28 de noviembre de 2014, cuando Nazarena murió. “Era un código rojo, es decir, una urgencia grave. Dio cuenta de las lesiones que vio en la bebé y de las maniobras de reanimación que practicaron. Pero cuando llegó al hospital, ya estaba muerta”, resumió otra fuente.
El debate continuará el próximo miércoles. Sólo restan cuatro testigos, un pediatra, una hermana de Molina, un psiquiatra que le dio contención a Barzola después de la muerte de la beba y el hombre para el que Molina habría estado trabajando entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre de 2014 al mediodía. La defensa del acusado intenta probar que cuando la nena fue agredida, el padre no estaba.
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