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Denuncian penalmente a dos jefes municipales por el robo de motos del corralón

Por redacción
| 27 de abril de 2017
Julieta Rossi, Carlos Vilche, asesores legales del municipio y José Pereyra, secretario de Seguridad y responsable del corralón, detallan a la prensa la denuncia a los jefes apartados. Foto: Municipalidad de San Luis

La Municipalidad de San Luis denunció penalmente e inició sumario administrativo a dos jefes del corralón municipal, por el robo de 4 motos del depósito. Carlos Vilche, asesor legal del municipio, afirmó que los empleados tendrán “una sanción ejemplificadora” y que se los denunció por “malversación de bienes secuestrados y amenazas”.

 


El asesor explicó que los dos trabajadores se encargaban del control y registro de los vehículos del corralón. Y que tras la desaparición de la moto de un vecino, Adrián Dipasquali, que denunció la situación a los medios de comunicación, se descubrió por una auditoria interna que no solo faltaba ese vehículo, sino tres motocicletas más. 

 


“Ellos manifestaban de que no habían visto nada, pero esto se contrastaba con los registros de ingreso de los movimientos diarios en el  sector. Ellos tenían la llave del lugar. Ellos hacían el control que está asentado en los libros correspondientes. Se determinó la responsabilidad de ellos, porque además que tenían el control, no podía pasar desapercibido los movimientos internos de las motos que se trasladaban de un lado a otro”, detalló.

 


Julieta Rossi, otra de las representantes legales del municipio, explicó que se enteraron de como operaban los empleados, a partir de la confesión de una subordinada. La mujer, había sido amenazada por sus jefes de no decir como sacaban las motos del corralón.

 


La empleada contó que un cómplice, un joven de ojos azules y tez blanca, llegaba a las oficinas y pedía retirar las motos, la mayoría del tiempo, las de mayor valor. La Municipalidad contó cuatro motos desaparecidas, tras la auditoria que realizaron por el escándalo. Hay 2 dueños, entre ellos Pascualli, que ya fueron indemnizados. 

 


Rossi dijo que como la mujer fue amenazada, al delito de malversación de bienes secuestrados se le sumo el de “amenazas coactivas” y se pidió una orden de restricción para proteger a la trabajadora. El Juzgado de Instrucción penal Nº 1, a cargo de Sebastián Cadelago Filippi, es quién se encargará de la causa. 

 


Vilche dijo por último que en la auditoria también se notó los altos costos de mantenimiento del corralón, por lo que se dispuso la subasta publica de los vehículos no retirados, que se haría próximamente. 

 


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