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San Luis adhirió a las leyes nacionales sobre aborto no punible y educación sexual

Por redacción
| 19 de octubre de 2018
Firma de Decretos de Adhesión a Leyes Nacionales sobre Procreación Responsable. Fotos: Martín Gómez. Video Marina Balbo

El Gobernador firmó esta tarde decretos de adhesión a las leyes nacionales sobre salud sexual y procreación responsable. Además, anunció la creación de una mesa de enlace para trabajar en políticas públicas de perspectiva de género.

 

En un acto que realizó esta tarde en Terrazas del Portezuelo, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, firmó importantes decretos vinculados a la salud sexual y reproductiva, entre ellos, la adhesión a los protocolos de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales y a la Ley de Educación Sexual Integral. El mandatario estuvo rodeado de mujeres, entre ellas, funcionarias y referentes locales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

 

“Es algo muy lindo lo que estamos haciendo, yo le doy una mirada especial porque siento que lo que estamos firmando es una suerte de prenda de unidad de todos los puntanos, puntanas y puntanes. Así lo siento, así quiero transmitirlo”, expresó. 

 

Además Rodríguez Saá consideró sobre el debate de la legalización del aborto, que el presidente Macri abrió el tema a partir de un problema: “cuando una mujer quiere interrumpir un embarazo y termina en una situación de clandestinidad y muerte. Existe una pena de muerte para una mujer pobre que quiere interrumpir el embarazo. Pero, qué hizo Macri, abrió el tema, nos dividió y no lo solucionó. ¿Pero, qué vimos todos? debates que duraban horas y había un tema en común que nos unía a todos de alguna manera, que es la educación sexual”.

 

Con respecto a la adhesión de los decretos firmados de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, adhesión al protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales y de adhesión a la Ley 26.150 del Programa de Educación Sexual Integral, Rodríguez Saá  sostuvo que era oportuno, serio y en un momento de mucha pobreza y enfrentamiento provocado, hablar claro y unir a todos: “En este ámbito tenemos que encontrar un camino para avanzar en la legislación, y uno de ellos es lo que ya está en la ley. La legislación nacional establece la Educación Sexual Integral, el protocolo de la Corte acerca de cómo tratar los casos de aborto admitidos en la ley, existe una legislación sobre cómo tratar los casos de violación, y si está la legislación nacional avancemos y aclaremos todos, porque lo que estamos haciendo hoy no es el dictando de ninguna ley que no exista, sino aclarando que estas son nuestras convicciones, es el camino y es la ley”.

 

Alberto explicó que la adhesión a estas leyes busca hacer operativo los protocolos hospitalarios para la concreta y real atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, “removiendo las barreras que limitan el acceso a los servicios médicos fácticas o administrativas”. “Estos temas son muy interesantes porque a partir de ahora nos exige acciones de cumplimiento de la ley y un seguimiento de que se cumpla y se haga real”, agregó.

 

En cuanto al Programa de Educación Sexual Integral explicó que la adhesión persigue la idea de implementar la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles y modalidades educativas de la Provincia.

 

 

Creación de una mesa de enlace y articulación

 

El jefe del Ejecutivo provincial mencionó que hay una enorme distancia entre el Estado provincial y las ONGs que han tomado como bandera la defensa de los Derechos Humanos esenciales. “Queremos que participen que se acerquen, que se comuniquen, que propongan y que nos ayuden a controlar que se cumpla. A este espacio le pusimos mesa de enlace y articulación, en la que debemos sentarnos a hablar”.

 

Este espacio servirá para la planificación, ejecución evaluación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género para garantizar la implementación de la Ley Nº 26150, de Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo provincial. Los protocolos para la atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo; y para la atención integral para personas víctimas de violaciones sexuales. Aprobado por resolución 1915/2011 del Ministerio de Salud de la Nación a los que la provincia está adherida; priorizando la promoción de Derechos Humanos; la salud integral de la mujer; el parto humanizado y el respeto a la interculturabilidad.

 

 

San Luis es precursora en cuanto a los objetores de conciencia

 

Se trata de una autorización legal para no cumplir la ley. "Si alguien de salud no está de acuerdo con el aborto puede decir tengo esta objeción de conciencia. Que es individual, del plano íntimo, y se dice antes. No puede decir después que tiene objeción de conciencia y tiene que respetar la ley, sino está haciendo es abandono de persona”, especificó Rodríguez Saá y explicó que la legislación provincial de objetores de conciencia es amplia, porque permite la posibilidad de no realizar el aborto.

 

"Tenemos que tener la cabeza abierta para entender este mecanismo. Así como el Estado da esta posibilidad, hay personas que utilizan este argumento para convertir a la institución como si fuera objetora de conciencia. Los sanatorios, los hospitales y las escuelas no son objetores de conciencia. Todos deben cumplir la ley. No hay instituciones con objeciones de conciencia", aseguró y remarcó que no puede haber un hospital en San Luis donde todos tengan objeciones de conciencia.

 

Además el Gobernador pidió que hagan un esfuerzo por interpretarla "como una gran prenda de amor, de unidad de diálogo, de abrir los temas, de conversar y de encontrarles solución y sobre todo eliminar todos los flagelos que atenten contra los Derechos Humanos", concluyó. 

 

 

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