La "Ley Micaela García" establece la capacitación obligatoria para los integrantes de los tres poderes del Estado. Negarse a tomar una clase será considerado una falta grave y difundida en una página web.
La Cámara de Senadores convirtió este miércoles en ley el proyecto que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", luego de que el gobierno decidiera incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias.
El presidente Mauricio Macri decretó la inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento del proyecto, bautizado "Ley Micaela García" en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017, y que plantea la capacitación obligatoria en violencia de género para todos los integrantes de los tres poderes del Estado.
La decisión, plasmada en el decreto 1135/2018, ocurrió una semana después de que diputados de distintos bloques reclamaran al Ejecutivo, a través de una carta pública, la necesidad de que el proyecto se incluya en el temario de sesiones extraordinarias.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
El debate de este proyecto fue impulsado por un grupo de diputadas luego de la denuncia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices que acompañó a la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.
A través de la iniciativa se establece además que quienes se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación.
Según el proyecto, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres.
La peronista enterriana Sigrid Kunath aseguró que “hay una censura a determinados grupos que responden a una cultura de los machismos” y pidió “dar una interpelación a todos y a todas”.
En cambio, la oficialista cordobesa Laura Rodríguez Machado afirmó que “es un compromiso de este Congreso erradicar el tema de la violencia de género”.
“Tenemos la gran responsabilidad, como madres de varones, de enseñarles cómo deben actuar en esta sociedad”, alentó.
El kirchnerismo, por su parte, consideró que el gobierno nacional había actuado con “demagogia” por incluir el proyecto en el temario de Sesiones Extraordinarias. “Me hace ruido que esta ley haya sido puesta para ampliar el temario. Lo tomo como un acto de demagogia”, consideró la chubutense Nancy González.
En tanto, su jefe de bloque, el neuquino Marcelo Fuentes, cuestionó la política económica del gobierno nacional porque “golpea fundamentalmente a las mujeres” y mencionó que “una mujer de un hogar monoparental que antes recibía asistencia del Estado y se quedaba en la casa para cuidar a los chicos, ahora tiene que salir a trabajar para limpiar otro hogar”.
Télam.
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