Salud Mental: Fernando Salino alertó que la ley será letra muerta sin fondos

En una maratónica sesión que terminó cerca de la 1 de la madrugada, el Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y será girada a la Cámara de Diputados.

El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, modifica aspectos centrales de la ley vigente desde 2010. Mantiene la prohibición de crear manicomios pero habilita las internaciones en hospitales generales, especializados en psiquiatría y en instituciones monovalentes, incorpora las adicciones -incluida la ludopatía- y flexibiliza las internaciones involuntarias.

El cambio más sensible: ya no se exige "riesgo cierto e inminente". Ahora se podrán disponer internaciones cuando exista "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física" y no haya alternativas ambulatorias eficaces. En emergencias, podrá disponerla un solo médico y un equipo interdisciplionario deberá revalidarla en 48 horas.

Para destrabar el dictamen, el oficialismo aceptó a último momento incorporar el artículo 41 bis de financiamiento federal: "El Estado Nacional brindará asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementar las obligaciones y prestaciones de la presente ley", con convenios, metas y partidas específicas en el Presupuesto Nacional.

El senador peronista por San Luis, Fernando Salino -Justicia Social Federal / Convicción Federal-, fue uno de los que trabó el dictamen inicial por falta de garantías presupuestarias. "La base del problema, es presupuestaria", advirtió en el debate.

"Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias", señaló. Y bajó la discusión a la realidad puntana: "San Luis tiene 76.000 kilómetros y los problemas de salud mental están totalmente extendidos".

Su frase más contundente se repitió en comisiones y en el recinto: "Si no hay partidas presupuestarias, esto va a ser letra muerta".

Salino advirtió que el hospital especializado solo cuenta con cuatro profesionales y apuntó a la falta de presupuesto tanto de Nación como de Provincia para sostener lo que la nueva ley exige.

En ese sentido, cuestionó la mirada centralista del texto: "Nos piden una guardia ambulatoria en el hospital provincial. No se puede cumplir. Este proyecto es porteño". Y reclamó precisiones sobre el costo fiscal: "Me gustaría una mejor justificación de por qué elegimos 12 millones de pesos y no otra. También el costo fiscal, que hasta hace un tiempo era una obsesión".

El dato que expone la crisis local es contundente. San Luis cerró 2025 con 96 suicidios y una tasa de 18,9 casos cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 292 intentos de suicidio en la población juvenil y más de 900 llamadas al 911 relacionadas con situaciones límite vinculadas con la salud mental.

El Hospital Escuela de Salud Mental es el único efector monovalente. La versión oficial del Gobierno de Claudio Poggi informa que dispone de ocho psiquiatras y siete médicos en formación, mientras avanza una obra de ampliación por $2.553,6 millones con 14 consultorios y un Centro de Control contra Suicidios.

La denuncia que recoge Salino muestra otra cara: falta de guardia de 24 horas sostenida por psiquiatras, camas operativas y equipos en el interior, lo que obliga a trasladar todo hacia Villa Mercedes o San Luis Capital.

Lo estructural es que la Ley 26.657 fijó que al menos el 10% del presupuesto de salud debía ir a salud mental. En la práctica, distintos informes señalan que ese porcentaje nunca llegó a cumplirse plenamente y que en la última década nunca superó el 2,7%, con promedios históricos de entre el 1% y el 2%.

Faltan dispositivos comunitarios, equipos territoriales y redes de atención: casas de medio camino, hospitales de día, atención domiciliaria supervisada y centros de capacitación sociolaboral. La reforma mantiene el catálogo pero no resolvía su financiamiento previo. El punto central que se reclamó desde las provincias fue que Nación no se corriera de su rol de cofinanciar.

Ahora la pelota está en Diputados. Si el artículo de financiamiento federal queda como una declaración sin partidas identificables, provincias como San Luis deberán afrontar guardias ambulatorias, equipos interdisciplenarios y teleconsultas con los mismos recursos que hoy no alcanzan para cubrir una guardia de 24 horas.