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Residuos: alarma por un decreto que autoriza a importar basura reciclada

Por decreto, Macri modificó la reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos, para liberar la llegada de materiales "reutilizables". Ya no pedirán un certificado de "inocuidad" de esos residuos.

Ocurrió a fines de agosto. Un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica encendió todas las alarmas, porque modificó otros dos que reglamentaban la Ley de Residuos Peligrosos con un objetivo muy criticado: autorizar la importación de materiales y desechos reciclados. La publicación de la norma disparó las críticas de ambientalistas y cooperativas de los llamados trabajadores "recuperadores", por los daños ambientales y económicos que provocará.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) y cooperativistas afirmaron que el decreto que abre la chance de importar residuos potencialmente peligrosos, publicado 27 de agosto en el Boletín Oficial, convertirá a la Argentina en "el basurero del mundo".

El decreto 591/2019, que modifica artículos del 181/1992 y el 831/1993, mantiene la prohibición de importar residuos, excepto cuando sean "reciclados o recuperados para otros usos".

"Aquellos residuos que pasan por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento (...), dejan de ser considerados como tales y son destinados a un proceso productivo e incluso comercializados como insumos, materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa y de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio", señala el texto.

Hasta ahí, todo cuestionable. Pero hay más peligros: también establece que ya no será obligatorio presentar un certificado del país de origen, que acredite que lo que se importa no son residuos peligrosos para la salud o el ambiente.

"Esta norma dice que los residuos que fueron valorizados y dejaron de serlo podrán ingresar para formar parte del proceso productivo, siempre y cuando cumplan con condicionantes y ciertas normas de calidad", aseguró Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Sobre el certificado de inocuidad, señaló que "ningún país lo emitía desde 1992", y aclaró que lo que existía era "un certificado de no peligrosidad, que se ajustaba a las normas de la nación dueña de los residuos, pero no a las realidades locales".

Pese a los argumentos oficiales, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que reúne a los "cartoneros", rechazó la modificación, preocupada por la "falta de controles y políticas públicas que permitan el desarrollo de la gestión de residuos y reciclado".

"Hasta ahora, para importar residuos se debía pedir una autorización ante la Secretaría de Ambiente que certificara sus condiciones. Con la nueva normativa, se quita ese control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos, permitiendo su importación indiscriminada", afirmaron en un comunicado.

Para la Conarcoop, el nuevo decreto "excluye y niega la realidad social que atraviesan más de 150.000 cartoneros que trabajan en las calles y desplaza a las cooperativas de reciclado y sus asociados".

"Nos parece un despropósito que se traigan residuos de otras naciones, que incluso pueden venir mezclados con otros que acá no podemos tratar, como las pilas. Expresamos nuestra extrema preocupación por la seguridad ambiental del país, así como también por la exclusión de los sectores más vulnerables", dijo Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop.

Leonel Mingo, de la organización ambientalista Greenpeace, opinó que el nuevo decreto "convertirá a la Argentina en el basurero del mundo".

"La ley de residuos anterior exigía al país de origen un certificado de inocuidad; en cambio ahora, esos residuos serán recepcionados y se certificará acá su calidad, pero no podremos devolverlos si llegaran a tener alguna sustancia tóxica", denunció.

Trebino insistió en defender la norma: "Ningún sector que viva de la recuperación o el reciclado se verá afectado".

Greenpeace planteó al gobierno nacional la nulidad del decreto 591. Según la organización, la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos (data de 1992) es inconstitucional porque retrocede en la protección del ambiente, reconocida en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

El senador nacional Dalmacio Mera (PJ-Catamarca) presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno explique los detalles del discutido decreto, que "parece flexibilizar la normativa en una materia tan sensible".

Ante el crecimiento de las advertencias y las críticas, la polémica apunta a terminar en la Justicia.

 

LEÉ MÁS: 

"EL GOBIERNO DE MACRI SIGUE A CONTRAMANO", por Eugenia Catalfano, senadora Nacional

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Por decreto, Macri modificó la reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos, para liberar la llegada de materiales "reutilizables". Ya no pedirán un certificado de "inocuidad" de esos residuos.

Ocurrió a fines de agosto. Un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica encendió todas las alarmas, porque modificó otros dos que reglamentaban la Ley de Residuos Peligrosos con un objetivo muy criticado: autorizar la importación de materiales y desechos reciclados. La publicación de la norma disparó las críticas de ambientalistas y cooperativas de los llamados trabajadores "recuperadores", por los daños ambientales y económicos que provocará.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) y cooperativistas afirmaron que el decreto que abre la chance de importar residuos potencialmente peligrosos, publicado 27 de agosto en el Boletín Oficial, convertirá a la Argentina en "el basurero del mundo".

El decreto 591/2019, que modifica artículos del 181/1992 y el 831/1993, mantiene la prohibición de importar residuos, excepto cuando sean "reciclados o recuperados para otros usos".

"Aquellos residuos que pasan por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento (...), dejan de ser considerados como tales y son destinados a un proceso productivo e incluso comercializados como insumos, materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa y de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio", señala el texto.

Hasta ahí, todo cuestionable. Pero hay más peligros: también establece que ya no será obligatorio presentar un certificado del país de origen, que acredite que lo que se importa no son residuos peligrosos para la salud o el ambiente.

"Esta norma dice que los residuos que fueron valorizados y dejaron de serlo podrán ingresar para formar parte del proceso productivo, siempre y cuando cumplan con condicionantes y ciertas normas de calidad", aseguró Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Sobre el certificado de inocuidad, señaló que "ningún país lo emitía desde 1992", y aclaró que lo que existía era "un certificado de no peligrosidad, que se ajustaba a las normas de la nación dueña de los residuos, pero no a las realidades locales".

Pese a los argumentos oficiales, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que reúne a los "cartoneros", rechazó la modificación, preocupada por la "falta de controles y políticas públicas que permitan el desarrollo de la gestión de residuos y reciclado".

"Hasta ahora, para importar residuos se debía pedir una autorización ante la Secretaría de Ambiente que certificara sus condiciones. Con la nueva normativa, se quita ese control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos, permitiendo su importación indiscriminada", afirmaron en un comunicado.

Para la Conarcoop, el nuevo decreto "excluye y niega la realidad social que atraviesan más de 150.000 cartoneros que trabajan en las calles y desplaza a las cooperativas de reciclado y sus asociados".

"Nos parece un despropósito que se traigan residuos de otras naciones, que incluso pueden venir mezclados con otros que acá no podemos tratar, como las pilas. Expresamos nuestra extrema preocupación por la seguridad ambiental del país, así como también por la exclusión de los sectores más vulnerables", dijo Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop.

Leonel Mingo, de la organización ambientalista Greenpeace, opinó que el nuevo decreto "convertirá a la Argentina en el basurero del mundo".

"La ley de residuos anterior exigía al país de origen un certificado de inocuidad; en cambio ahora, esos residuos serán recepcionados y se certificará acá su calidad, pero no podremos devolverlos si llegaran a tener alguna sustancia tóxica", denunció.

Trebino insistió en defender la norma: "Ningún sector que viva de la recuperación o el reciclado se verá afectado".

Greenpeace planteó al gobierno nacional la nulidad del decreto 591. Según la organización, la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos (data de 1992) es inconstitucional porque retrocede en la protección del ambiente, reconocida en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

El senador nacional Dalmacio Mera (PJ-Catamarca) presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno explique los detalles del discutido decreto, que "parece flexibilizar la normativa en una materia tan sensible".

Ante el crecimiento de las advertencias y las críticas, la polémica apunta a terminar en la Justicia.

 

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