Hay unas 2.400 causas judiciales por no respetar los protocolos

Otra novedad que trajo el confinamiento fue el surgimiento de delitos que, aunque estaban previstos en los códigos penales, la gran mayoría de los ciudadanos los desconocía. Aunque todos los gobiernos se encargaron de informar a la población sobre las medidas de restricción a la circulación, igual varios intentaron burlar los protocolos y ahora deben pagar las consecuencias en los tribunales. El fiscal de Estado, Eduardo Allende, informó que "durante el año pasado nos presentamos en unas 1.600 causas en la Primera Circunscripción Judicial (San Luis y el norte provincial), en otras 400 en la segunda —que abarca Villa Mercedes y el sur provincial—, además de otras 400 en la tercera; con base en Concarán, que comprende a todo el noreste de la provincia".

Allende destacó que esos expedientes están en pleno desarrollo y son juicios penales que llevan un proceso en el que en varios de ellos ya se tomaron las declaraciones indagatorias. "En otros se están produciendo pruebas y entendemos que todavía llevará un tiempo más su elevación a juicio. Pero todas las personas imputadas tienen un riesgo sobre sus espaldas, porque a más de uno le puede caber una condena por la violación de los protocolos que estaban vigentes".

Los artículos por los que se les abrieron las causas penales son el 205 del Código Penal, que estipula penas de 6 meses a 2 años y señala "a aquellos que violaren medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia"; y el 211, que tiene penas mayores; de 2 a 6 años de prisión, que pueden terminar con una condena efectiva. En este caso, contempla a "aquellos que dieran falsas alarmas o difundan noticias falsas sobre la pandemia". 

Pero lo que más importancia tuvo para el fiscal fue "cuando en Río Cuarto (Córdoba) habían iniciado un amparo en la Justicia Federal, después de que nosotros habíamos solicitado una acción declarativa en el Juzgado Federal de San Luis y le pedimos al juez que declarara la validez de todas las normas que había dictado la Provincia para ingreso y egreso de personas. El magistrado nos dio lugar a esa acción y aplicó la legalidad de toda la normativa que dictó el gobierno provincial para la protección contra el coronavirus".

Allende aclaró, además, que "la cantidad de gente involucrada es mayor que las causas porque en cada una puede haber tres, cuatro o más involucrados. Esto quiere decir que la cantidad de investigaciones abiertas no implica que esa sea la cantidad de imputados". Y explicó que todas las violaciones a los protocolos las llevan adelante los juzgados provinciales.

También recordó que tienen en trámite otros 29 expedientes por causas contra transportistas que falsificaron los certificados de análisis de PCR que fueron detectados por personal de seguridad cuando empezaron a consultar con los laboratorios donde teóricamente se habían realizado esos análisis. Y el resultado fue que varios de ellos informaron que eran apócrifos o falsos.

Allende opinó que "esta pandemia sorprendió al mundo entero, por eso la conducta de mucha gente de alguna manera era esperable. Porque vivimos una realidad muy cambiante. Incluso en el Foro de Fiscales de Estado de todo el país hablamos mucho de este tema y vimos que esto sucedió por igual en todas las provincias. Tanto en la forma de violación de los protocolos como el de presentar análisis de PCR falsos".

Y destacó que para esa dependencia "fue todo un desafío porque al principio trabajamos de manera presencial solo los funcionarios y el resto del personal lo hacía desde sus casas".

 Redacción - NTV