Las entidades del agro, a favor del proyecto que pena el vandalismo rural

Durante la pandemia, cuando estaba restringida la circulación y el precio de los granos era bajo, fueron muchos los productores que decidieron guardar la cosecha 2019/20 en silobolsas. Inexplicablemente, porque no había un conflicto latente entre el campo y el gobierno nacional como pasó en 2008 con la 125, más de 180 de estos implementos fueron destrozados por manos anónimas.

Para calmar las aguas, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, anunció en julio el envío al Congreso de un proyecto de ley para penalizar con más dureza el vandalismo rural. Ahora parece decidido a llevarlo al recinto y entonces recibió el apoyo de las entidades del campo.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) fue la primera en hacerlo público. "Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsas, por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados de llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto", expresó en un comunicado, en el que remarcó que "el Estado debe dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos".

Los delitos serían no excarcelables, porque tendrán una pena mínima de tres años.

 

Según CRA, "ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que se le han sumado ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias".

El cálculo que hace la entidad es que han quedado al descubierto  "al menos 5.700 toneladas de granos dañados e incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros".

El proyecto propone una modificación al Código Penal, para que "el incendio y/o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y/o diferentes sitios y/o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes" sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.

Desde el año pasado fueron rotos 184 bolsones con granos. En Santa Fe fueron atacados 69 y en la provincia de Buenos Aires 59. En tanto, en Córdoba rompieron 46 y en Entre Ríos fueron 10 los silobolsas siniestrados.