En medio de una profunda crisis, Poggi enfrenta una semana clave

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, enfrenta una semana crucial tras la crisis desatada por las severas medidas económicas impuestas ante un supuesto déficit fiscal heredado de la administración anterior. Esta semana abonará por primera vez a los empleados públicos los salarios en cuotas y, entre otras acciones, también deberá fijar la fecha para el cobro de las Estampillas Escolares, una ayuda económica en la que la provincia es pionera y que para esta época del año ya era percibida por sus beneficiarios.

El pago de los salarios desdoblado es con certeza una prueba de fuego para el primer mandatario, ya que los empleados estatales, por primera vez desde el advenimiento de la democracia en San Luis, percibirán solo la mitad de sus haberes, lo que les generará un sinfín de trastornos en su vida económica en un contexto de inflación descontrolada. Esto seguramente caldeará aún más el mal humor social que predomina en estos días entre los puntanos.

Según lo anunciado por el propio Gobernador, el viernes 29 se abonará una mitad de los salarios correspondientes a diciembre, mientras que la otra parte será percibida el 16 de enero (fecha en la que los funcionarios del Ejecutivo puntano recibirán su sueldo).

Para la programación de los haberes correspondientes a enero, el cronograma de pago establece que el 31 de ese mes se dará la primera mitad, y el resto el viernes 16 de febrero.

La anulación del "Tratado de La Toma" provocó un gran impacto en los municipios, a lo que se suma la falta de pago de la coparticipación. En las comunas advirtieron  que los recortes afectan el pago de sueldos y que además pueden derivar en el despido de personal.

Bastante flojo de papeles

Un elemento que llama la atención dentro de este panorama de medidas durísimas y sin antecedentes para los sanluiseños es que Poggi no ha presentado ningún documento que dé cuenta de ese supuesto rojo en las finanzas provinciales, que incluso requiere, según el Gobierno, tomar deuda por 150 mil millones de pesos para asegurar el funcionamiento del Estado durante 2024. Una radiografía dramática y repetida hasta el hartazgo con el slogan de la “provincia fundida” por los canales de comunicación oficiales y los medios adictos, pero del que no hay hasta ahora ningún registro contable serio.

Esto contrasta con el informe difundido y también entregado a la gestión entrante que elaboró el exministro de Hacienda de San Luis, Eloy Horcajo, en el que se detalla con todas las precisiones el estado del erario puntano, que cerró un 2023 sin deudas y con saldo positivo. Incluso, dejó una canasta de inversiones en la que se encuentra un saldo de 30 millones de dólares.

Todos los gastos fueron contemplados. Solo para el cobro de las Estampillas Escolares, por ejemplo, se dispuso una partida de más de 120 millones de pesos.

Del baile al llanto, sin escalas

El paso sin escalas de una provincia con obras en marcha y que pagaba sus salarios en tiempo y forma (con aumentos periódicos) a otra que exhibe una auténtica economía de guerra sorprende a propios y extraños por la magnitud del cambio en un plazo tan breve de tiempo.

El presidente provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, dijo al enterarse de las medidas “que San Luis no pueda pagar sueldos, sorprende, y mucho”, y destacó que la provincia durante cuatro décadas siempre mantuvo el equilibrio fiscal.

Incluso esta extrañeza se vio reflejada en las últimas semanas en los medios de Buenos Aires y en las redes sociales, en donde se expone con ironía cómo en su asunción Poggi bailaba y cantaba ampulosamente para pocos días después tener que adoptar un gesto adusto para dirigirse a los puntanos y decirles que no quedaba otra que desdoblar los salarios.

Intimaciones y repudio

El repudio a estas acciones de ajuste del Ejecutivo puntano no solo se ha quedado en las declaraciones. Las marchas u ollas populares contra el ajuste son postales casi diarias en la provincia.

Además, la titular del bloque Frente Unidad Justicialista en la Cámara de Diputados, Claudia Pinelli, envió la semana pasada una carta documento al Gobernador para que antes del 31 de diciembre abone la totalidad de los sueldos a los trabajadores de la administración pública provincial. Advirtió que en caso de no hacerlo, podría ser denunciado por el delito de retención indebida de fondos. 

El bloque en el PJ del Senado provincial adoptó una acción idéntica. Intimó al mandatario y lo alertó sobre las consecuencias de no dar marcha atrás. La carta documento, cuyo remitente fue el senador por el Departamento Belgrano, Juan Carlos García,  también contó con las firmas de sus compañeros de bloque Hugo Omar Olguín (Chacabuco), Juan Alejandro Torres (Pringles), Sergio Ariel Moreyra (Dupuy) y Mariana Cruz (San Martín).

Una medida inconstitucional

El desdoblamiento salarial colisiona con derechos básicos de los trabajadores y eso anticipa varias presentaciones en la Justicia de personas y gremios afectados.

El abogado Juan Salvucci, asesor legal del gremio ATE, dijo que en las medidas económicas de Claudio Poggi “hay un nivel de perversidad muy marcado” y subrayó que se trata de una acción que va en contra de la Constitución Nacional.

Redacción/MGE