ATE San Luis presentó un amparo en contra del pago salarial en cuotas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) filial San Luis presentó un amparo en contra del pago salarial en cuotas implementado por el gobierno provincial para los sueldos de diciembre. Lo hizo junto al Defensor del Pueblo, Enrique Ponce. 

En la nota le solicitó a la Justicia que dicte una medida cautelar en defensa de los derechos de los trabajadores y que le exija al gobierno de Claudio Poggi el pago urgente el 50% restante de los haberes. Con esta medida, la organización que preside Fernando Gatica, busca que se ponga un freno al avasallamiento que perjudica enormemente a los empleados y a toda la cadena económica de la provincia. "Nunca más salarios en cuotas en San Luis", expresaron en un comunicado.

Poco después de asumir el gobernador Poggi anunció el pago de la primera cuota el 29 de diciembre, en algunos casos el dinero fue acreditado días después, y la segunda el 16 de enero. Y resaltó que el novedoso sistema de desdoblamiento salarial también se reproduciría durante el pago de los sueldos correspondientes al mes de enero.

“Es una aberración lo que han hecho con los compañeros que estaban en planta permanente (ahora figuran como contratados en el último recibo), de acuerdo al estatuto después de 6 meses corresponde quedar en planta permanente. Después avanzaremos con este tema”, adelantó Gatica en “Mañana es tarde” el programa de Lafinur FM Radio.

Además recordó que cuando asumió el gobierno actual “pedimos audiencia y no recibimos respuestas, ya que no recibió a la totalidad de la mesa”.

Gatica ratificó que los trabajadores estatales seguirán en estado de asamblea permanente en la provincia y adelantó que preparan medidas nacionales el 15 de enero cuando el sindicato ATE cumpla 99 años.

Ponce explicó que los plazos son muy breves: “Los recursos están”

“El accionar de la Justicia tiene que ser el que corresponde, conforme herramientas. Pensemos que un recurso de amparo es cuando ya no hay ninguna otra instancia porque se agotaron todas las anteriores”, explicó el Defensor del Pueblo, Enrique Ponce, en conferencia de prensa.

“Los plazos son muy breves y tienen que ser cumplidos. En este caso, el daño ya está hecho. Al pensar en un salario de 300 mil pesos de un trabajador estatal que recibió 150 mil pesos, tiene que pagar un alquiler, niños en edad escolar. En el caso de que el salario mínimo o la canasta básica superan el valor de su sueldo: ¿cómo hace para vivir? Entonces se atacan derechos fundamentales”, se explayó Ponce.

El Defensor del Pueblo pidió ponerse en el lugar de “esa familia, ese trabajador que se toma como variable de ajuste a los efectos de que cierre una cuenta financiera”.

Y subrayó: “Los recursos de la provincia están. La provincia no ha probado que haya una crisis de la magnitud que se la relata”.