Agustina Arancibia Rodríguez podría ser destituida de su cargo

Hoy toma estado legislativo el pedido de juicio político contra la presidenta del Concejo Deliberante de la capital. Impulsado por los concejales peronistas, se debe a que Agustina Arancibia Rodríguez no acató una orden judicial y por la continuidad de dos ordenanzas nulas. De ser condenada, podrá ser destituida del cargo e inhabilitada de cargos públicos.

En el primer caso, la concejala que responde al intendente Gastón Hissa emitió una resolución para echar a 14 empleados del Poder Legislativo. Estos recurrieron a la Justicia, que ordenó su reincorporación el pasado 26 de febrero.

A más de tres meses de la medida, la presidenta del Concejo ignoró la orden judicial. Esto ya tuvo consecuencias directas no solo para los empleados, sino para la ciudad: una multa diaria por incumplimiento de 150 mil pesos, que a la fecha promedian los 15 millones de pesos.

Las ordenanzas nulas refieren, por un lado, a la aprobación de la emergencia económica en la ciudad en diciembre pasado, cuya aprobación no es válida, ya que la sesión había concluido; y, por el otro, de la toma de empréstito para la Comuna en enero, que requiere de una mayoría especial para su aprobación y solo contó con una mayoría simple.

Agustina Gatto, quien integra el bloque y es abogada, explicó los pormenores del funcionamiento del juicio político. Esta es una figura en la que una sala acusadora y juzgadora son sorteadas entre los 15 concejales que integran el órgano deliberativo y que definen o deslindan de responsabilidades a funcionarios que se desempeñen en la ciudad. Como sanción, se puede lograr la destitución del cargo e incluso la inhabilitación de cargos públicos.

“Las leyes nos rigen a todos, pero más cuando vos tenés una responsabilidad mayor, que es el caso de un funcionario público, que a su vez representa un órgano del Estado. A eso se le suman dos causas penales, una denuncia penal por incumplimiento de deberes del funcionario público y de los amparistas por el incumplimiento de una orden judicial. Ambas denuncias se están tramitando y está imputada”, remarcó.

“Nosotros la semana pasada presentamos un proyecto de resolución para que el cuerpo instara a la presidenta a cumplir esta orden judicial. El bloque oficialista lo rechazó, con lo cual si nosotros no dictábamos este pedido de juicio político, nos convertíamos en cómplices de un delito, de un hecho consumado”, argumentó.

En la sala acusadora hay 7 concejales, de los cuales 4 son del peronismo: Gatto, Paulina Calderón, Julieta Ponce y Juan Martín Divizia; en la juzgadora cuentan con 3 integrantes. El oficialismo municipal cuenta con los lugares restantes.

Gastón Témoli, del peronismo, apuntó que más allá de cualquier tipo de votación, sus colegas deben cumplir su función independientemente del bloque al que pertenezcan. “Si antes de comenzar el juicio político estamos contando los votos, lo que estamos haciendo es prejuzgar y eso podría teñir la resolución de nulidad absoluta. Esto es una vez que todo el procedimiento haya transcurrido”, contestó Témoli.

“Ahora, si me preguntás como bloque o como concejal, no tengo ninguna duda de que se han cometido faltas que ponen en situación de gravedad institucional al Concejo Deliberante. Están dadas las condiciones para impulsar el juicio político y para que sea destituida como corresponde, siempre dentro del marco de la ley”, concluyó.