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El Colegio Forense le reclama a Poggi por los sueldos del Poder Judicial

Sostiene que es necesario resolver "la grave situación de crisis que afecta" a los judiciales.

Por redacción
| 12 de agosto de 2024
Reclamos. El sector ha desarrollado múltiples protestas por los sueldos. Foto: El Diario.

El Colegio Forense de la Provincia de San Luis se sumó a los reclamos de los judiciales e instó a los tres poderes del Estado "a avocarse de forma inmediata a resolver la grave situación de crisis que afecta al Poder Judicial". E hizo un especial hincapié en el gobernador Claudio Poggi, a quien, a través de un comunicado, exhortó a "actualizar sustancialmente el presupuesto del Poder Judicial" para garantizar no solo la independencia económica y financiera del sector sino también, lo que espera toda la sociedad: una adecuada prestación del servicio de Justicia.

 

La resolución Nº 48/2024, firmada por la presidenta del Colegio Forense de la Provincia de San Luis, Érica Pucciarelli, manifiesta que es incuestionable el atraso salarial que experimentan no solo los empleados judiciales sino también los magistrados y los funcionarios de dicho poder.

 

Remarca que en la actualidad la Justicia de San Luis "está gravemente ralentizada" y advierte que eso "perjudica y provoca daños irreparables no solo en el justiciable, sino también en los letrados de las tres Circunscripciones Judiciales que ven afectados el ejercicio de su profesión".

 

Recuerda que no deben olvidar que uno de los pilares del estado de derecho es la existencia de un adecuado sistema de justicia, que resuelva las controversias que se plantean en los tribunales. Señala que para hacer efectiva esa garantía constitucional se la debe acompañar "con un aumento sustancial del presupuesto del Poder Judicial, garantizando la plena y efectiva autarquía económica, financiera  y funcional de ese, sumado a la creación de nuevos juzgados, dotándolos de personal idóneo", todo lo cual permitirá atender la creciente demanda en los tribunales y descomprimir el trabajo de los juzgados que ya existen y están sobrecargados.

 

Subraya que se trata de una obligación que, si bien recae en los tres poderes del Estado, lo hace muy especialmente en aquellos a quienes les compete "la adopción de decisiones legislativas y ejecutivas" y que deben dar respuesta a los reclamos de la comunidad.

 

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