“Falta una ley de transparencia para que se sepa cómo se usan los recursos”

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Guillermo L’Huillier, se sacó el cassette en un mano a mano con Lafinur FM. Habló del proyecto de ley que presentaron al Gobierno para lograr la autonomía financiera del Poder Judicial, de la necesidad que el pueblo se involucre en la lucha de los judiciales y de los cuestionamientos que reciben del Ejecutivo provincial.

—¿Nos podría explicar los fundamentos del proyecto de ley?

—Nosotros tenemos que resolver un problema presupuestario en este momento, dada la crisis que está padeciendo la economía del país y que golpea a la provincia.

Indudablemente que los recursos presupuestarios están desactualizados y tenemos una dependencia presupuestaria del Poder Ejecutivo con la estructura que tiene el régimen normativo actual. Es decir que, actualmente, la Justicia tiene como recurso propio un 50% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario y un 50% del porcentaje del Impuesto de Sellos. Después, las tasas judiciales que están previstas en la Ley Impositiva Anual y en el Código Tributario. El resto de los recursos son aportes del Tesoro provincial.

Según el presupuesto del 2024, solamente el 21% corresponde a recursos propios y el 79%, de aportes del Tesoro. De manera que esto nos genera una dependencia funcional y un gravísimo problema presupuestario.

Si tomamos el presupuesto ejecutado hasta julio de este año, el 34% son recursos propios, hemos hecho un gran esfuerzo para poder atender los gastos de servicios de justicia y el 66% son aportes del Tesoro.

Esto nos impide, además, fijar una política salarial que esté acorde a las necesidades de la Justicia de la provincia. La Justicia es un servicio que requiere recursos presupuestarios.

Entonces, enfrentamos la necesidad de dictar una ley para afianzar la autonomía y que los recursos que administra el Poder Judicial sean propios y que no dependamos de los aportes del Tesoro, es decir que nuestras políticas presupuestarias no dependan de los recursos del Ejecutivo.

—Es decir, primero necesitan la aprobación del Ejecutivo, con todo lo que lleva y con todo el tiempo que se necesita, y, a veces, la determinación puede llevar más días de una semana.

—Esto es mucho más grave. Tenemos cargos previstos de jueces, magistrados y funcionarios de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto 2024 que hay que cubrir.

Nosotros tenemos la obligación de cubrir esos cargos y de llamar a concurso. Todos los cargos se cubren por concurso y no tenemos la disponibilidad de esos cargos. Tenemos que ir a negociar con el Ejecutivo para ver si nos habilita la disponibilidad presupuestaria para nombrar un juez que está previsto en la Ley Orgánica. O para cubrir cargos en la Tercera Circunscripción donde tenemos una deficiencia de empleados. La cantidad de agentes de San Luis es muy baja con respecto a otras provincias. Tenemos un poco más de 1.300 empleados para cubrir todas las necesidades de justicia.

Entonces, son cuestiones muy contundentes e inmediatas que tardan meses para ser resueltas. No se puede nombrar jueces, secretarios, no se puede cubrir una subrogancia. Estas son las cuestiones esenciales. Y después no tenemos una política salarial que pueda responder a las necesidades del servicio de justicia. Los sueldos de nuestros jueces y funcionarios están casi en el último nivel de comparación nacional. Si ven la planilla que se adjunta con el proyecto de ley, apenas estamos arriba de Santiago del Estero y La Rioja, que es una provincia que tiene grandes dificultades, y tenemos una diferencia abismal.

Un juez de Cámara de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Mendoza está cobrando 6-7 millones de pesos, y un camarista acá, en San Luis, cobra un millón cuatrocientos. ¿Qué calidad de Justicia podemos tener con esa remuneración?

—Ustedes solicitan en este proyecto de ley que el 5% de lo que recibe la Provincia por coparticipación sea destinado al sistema judicial. ¿Esto cuánto implica de lo que recibe en la actualidad? ¿Los reemplaza? ¿Lo mejora?

—No. Casi equivalente. Nos permite tener la totalidad de los recursos de coparticipación que, como todos saben, van ingresando diariamente a la provincia y, además, tiene absoluta transparencia porque se puede constatar a través de distintas páginas de internet cuánto recibe cada provincia. Entonces esto permite que haya un flujo directo al Poder Judicial para atender sus necesidades, que no tengamos que estar esperando las partidas del Ejecutivo.

Con relación al presupuesto actual, de 2024, que representaba el 4,04% del presupuesto provincial, pero como las partidas no se han actualizado, estamos con un presupuesto de agosto de 2023. Ni siquiera han sido incorporados los aumentos salariales que dispuso el Ejecutivo y que se otorgaron de noviembre hasta diciembre del año pasado.

Hemos tenido una inflación de 280% y en lo que va de este año, una inflación de casi el 100% y las partidas están congeladas a agosto de 2023. Es decir que el presupuesto que está es el 3% del presupuesto provincial porque se va actualizando a través de las remesas de coparticipación que recibe la provincia. De manera tal que este es un cálculo estimativo del 5% que habrá que discutirlo y analizarlo en un momento de tan alta inflación. Es muy complejo analizar estas cuestiones, pero nos podemos sentar y analizarlo con los diputados y los senadores.

—El proyecto se lo han presentado al vicegobernador, ha habido algunos puntos consensuados. ¿Qué opina? ¿O solamente se reunieron a manera informativa?

—Se lo hemos presentado al vicegobernador porque la relación institucional del Poder Judicial, a través del Superior Tribunal, lo hacemos con el vicegobernador por indicación del Gobernador. Quizás porque el vicegobernador es abogado y tiene un amplio conocimiento porque ha ejercido la profesión y ha sido fiscal de Estado, conoce la problemática del Poder Judicial.

Esto no quita que tengamos que hablar con los diputados y con los senadores, y yo les diría que este es el momento para convocar a todos los sectores de la comunidad de San Luis, no solo a los magistrados, a los funcionarios y empleados judiciales, diría que a todos, dejando de lado las banderías políticas, egoísmo, que siempre existe, y personalismos, y ponernos detrás de la lucha para conseguir la autonomía del Poder Judicial, que es algo que lo merecemos como puntanos, que lo merece el pueblo y que, además, está previsto en la Constitución de la Provincia.

—Por la manera que se ha manejado el gobierno provincial en estos 8 meses, tomando decisiones unilaterales, ¿usted cree que habrá diálogo con el gobierno provincial?

—Es difícil y complejo. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. El diálogo institucional siempre tiene que estar presente. Esto se soluciona con la participación de todos los sectores. Tiene que estar más allá de cualquier bandería política. Decir, vamos a tener una justicia buena en San Luis, vamos a darle los recursos que necesita para que todos tengan acceso a la justicia y para que la provincia sea más competitiva.

Creo que a esta iniciativa la van a apoyar los colegios de abogados y de forenses que han pedido que estos problemas que tenemos, como el salarial, el conflicto gremial que está afectando a muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente, a los abogados, y que se prolonga en el tiempo. Teniendo recursos la Provincia, hay que solucionarlo.

El Poder Ejecutivo tiene la administración de los recursos, pero los recursos son de todos, los recursos son del pueblo de la provincia, entonces no puede haber un manejo que no sea absolutamente razonable, legal y transparente.

Hace falta en la provincia el dictado de una ley de transparencia para que se sepa cómo se utilizan los recursos y qué destino se les dan. Es decir, el Ejecutivo administra, pero los recursos no son del Ejecutivo, los recursos son del pueblo de la provincia de San Luis.

—¿Usted cree que en estos momentos no hay transparencia en el manejo de los recursos?

—Yo reclamo más transparencia. Yo no puedo juzgar, reclamo más transparencia.

—La ministra de Seguridad y otros funcionarios han apuntado contra la Justicia de San Luis diciendo que no funciona, que la delincuencia entra por una puerta y sale por otra, por culpa de la Justicia. Básicamente, dan a entender que si hay delincuentes sueltos es por culpa de la Justicia de San Luis. ¿Qué opina de estos comentarios?

—Los respeto a esos comentarios, pero tengo una opinión contraria. Si los delincuentes entran por una puerta y salen por otra es porque las leyes procesales lo permiten. El Poder Judicial no puede tener detenida a una persona en contra de las normas procesales y constitucionales, de manera que este es un problema.

Pero acá hay que distinguir dos cosas. Una, que es la tarea de prevención que tiene que hacer el Ejecutivo a través de la Policía, para prevenir el delito y evitarlo. La Justicia interviene después de que la Policía constata el delito, ahí recién interviene la Justicia con todas las garantías procesales establecidas en las constituciones provincial y nacional, y las leyes de procedimiento.

Ahora, yo puedo decir algo, los fines del Estado son educación, justicia, salud y seguridad. Esos son fines del Estado irrenunciables. El Ejecutivo puede suprimir una empresa, puede privatizarla, generar o no una agencia de noticias, pueden hacer lo que quieran, pero no puede prescindir de los recursos para los fines del Estado.

Esos son fines, no son funciones del Estado. Sin esos fines no se puede tener un Estado medianamente razonable. Entonces, para que la Justicia funcione hay que dotarla de los recursos, de la misma forma que para que funcione la Policía hay que dotarla de recursos. Entonces, la prevención del delito corresponde al Ejecutivo y nosotros tenemos la función de juzgar los delitos que se cometen, que se investigan a través de los fiscales con la colaboración de la Policía.

—¿Usted cree que dotarán a la Justicia de los recursos necesarios, que será oficioso?

—Si no se moviliza la comunidad de San Luis detrás del objetivo, más allá de cualquier bandería política, divisiones, egoísmos y grietas, será difícil lograrlo. El presupuesto de la educación se mejoró cuando el pueblo salió a la calle diciendo que la educación no se toca. Si queremos tener justicia, tenemos que luchar para mejorarla y para eso necesitamos recursos presupuestarios. Que la sociedad comprenda que sin recursos no hay justicia, no hay acceso a la justicia. Con sueldos bajos no se pueden tener jueces idóneos y capaces. Dificulta mucho.

—El Gobernador se propuso eliminar la feria judicial y da una serie de argumentaciones al respecto. ¿Usted qué opina? ¿Debe tener feria judicial? ¿Mejoraría si no la tiene?

—Lo de la feria judicial fue una cortina de humo. Acá lo que hay que hacer es una reforma integral de lo que sea necesario reformar en el Poder Judicial. Estamos trabajando para mejorar las oficinas de gestión única en materia civil, laboral y de familia. Lo de la feria es una cuestión secundaria y, además, los abogados se oponen. Porque si no tenemos la feria, a los empleados les vamos a tener que dar las vacaciones durante el resto del año. Es mucho más complejo porque los empleados tienen derecho a sus vacaciones. Primero hay que mejorar los otros aspectos de la Justicia, lograr más celeridad, aplicar la orabilidad y después vemos el tema de la feria. Empezar por acá tiene más resonancia y al tirar este tema, permite tapar otros problemas.

—¿Por qué cree que se ha querido instalar que la Justicia de San Luis no trabaja?

—Siempre han creído que la Justicia tiene privilegios. En algún momento tuvo sueldos muy buenos, cuando estaban enganchados con la Justicia Federal. Hoy, un juez federal está por encima de los 5 millones de pesos y un juez nuestro tiene un millón doscientos, un millón cuatrocientos. Es cierto que existe la mora judicial y que existe cierto descrédito no solo en San Luis, sino a nivel nacional, pero precisamente hay que trabajar para esto. Pero para mejorar, para que la gente trabaje fuera de hora, tengo que darle algún incentivo. Por ejemplo, si quiero aumentar la rapidez de la justicia puedo disponer que trabajen los empleados a la tarde, pero hay que darles un incentivo, una compensación económica, y no tenemos forma de hacerlo. Sin recursos no hay justicia, tampoco hay educación y salud.