Purga en el oficialismo: Arrieta será expulsada del bloque de LLA

En medio de una grave crisis interna, La Libertad Avanza concretará mañana en una reunión de su bloque de diputados la expulsión de la mendocina Lourdes Arrieta, luego de que esta revelara el plan coordinado por un grupo de legisladores libertarios junto al sacerdote prodictadura Javier Olivera Ravasi y abogados procesistas para liberar o morigerar la pena a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

El problema es que la mendocina, quien participó de la foto con los genocidas en el Penal de Ezeiza y luego se excusó diciendo que no conocía de antemano el verdadero propósito de la actividad, también fue parte del grupo de WhatsApp en el que circuló el borrador de proyecto de ley para beneficiar a los militares presos y en el que se organizó la visita al servicio penitenciario.

Así lo demuestran los chats que la propia Arrieta sacó a la luz a través de la publicación de capturas de pantalla, lo que probaría que ella estaba al tanto de este plan de impunidad antes de subirse a la combi que la llevó a Ezeiza.

Esos comprometen a varios legisladores libertarios. Entre ellos está el legislador por San Luis Alberto Arancibia Rodríguez, padre de la presidenta del Concejo Deliberante puntano Agustina Arancibia Rodríguez y quien entró a la Cámara de Diputados nacional en lugar de Claudio Poggi, poco antes de que este asumiera la Gobernación.

Según las publicaciones de la legisladora por Mendoza, Arancibia Rodríguez fue sumado por el padre Olivera Ravasi al grupo de WhatsApp en el que se organizó la visita polémica y se publicaron los borradores de proyectos que buscaban aligerar la situación procesal de varios genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El cónclave libertario para sacar del bloque a Arrieta se hará a las 20:30 de este martes y la decisión final se comunicará al finalizar el día. Sin embargo, la suerte de Arrieta ya está echada y habrá “game over” para ella, al menos en lo que respecta a su situación en el bloque que preside Gabriel Bornoroni.

En declaraciones a Radio Con Vos, la mendocina se defendió. "Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto", dijo sobre las iniciativas para liberar a los represores.

Consultada sobre si pensaba apartarse de la actividad legislativa, Arrieta afirmó que no piensa renunciar a la banca. "Eso está descartado. Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad".

En adelante, la diputada deberá decidir si completará su mandato en un monobloque o si se unirá a las filas de la bancada del MID que preside Oscar Zago (ex jefe de bloque de LLA), con quien estrechó su vínculo desde que estalló este escándalo.

Arrieta había quedado en una situación muy delicada después de denunciar penalmente a miembros de su bloque para que la Justicia investigara lo sucedido, y más aún luego de sugerir una responsabilidad del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la supuesta autorización del traslado en vehículo oficial del grupo de diputados que intervino.

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios la increpó por mandar al frente a sus propios compañeros mediante una denuncia penal y por seguir dándole cuerda a un tema que La Libertad Avanza necesitaba ponerle un cierre.

Las críticas llovieron sobre Arrieta, quien a los gritos y en llanto empezó a vociferar contra Menem por no haberla defendido ("No tuviste los huevos para defenderme", le habría dicho) y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Beltrán Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho "una cama".

La reacción destemplada y a los alaridos de Arrieta, que quedó registrada en un audio que se filtró en las redes sociales, amplificaron el descontento de quienes hacían fuerza para echarla del bloque.  

Luego de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba "en evaluación", pero tuvo que intervenir la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para tomar la decisión definitiva.

El punto de quiebre fue su testimonio en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Allí, Arrieta cargó las tintas contra Menem, a quien culpó de haber autorizado el viaje del grupo libertario a la cárcel de Alfredo Astiz y compañía, pese a que el riojano ya había aclarado que la asignación era automática para quien lo pidiese.

La otra diputada que está en conflicto es Rocío Bonacci, quien defendió a Arrieta en los medios y también dijo que fue "engañada" al visitar a los represores.

Sin embargo, la santafesina no correrá la misma suerte que Arrieta, dado que en la última semana ella bajó el tono de las acusaciones y, sobre todo, no judicializó el tema.

En declaraciones a Radio Con Vos, Bonacci relató cómo se enteró de que la visita al Penal de Ezeiza era para entrevistarse con represores.

En su narración, explicó que al llegar al Penal, luego de un viaje de entre 30 y 40 minutos, Benedit le comunicó que los estaba esperando Alfredo Astiz.

"Fue ahí donde yo me entero quién nos estaba esperando y nunca me dijo que nos estaba esperando ese personaje tan desagradable de la historia argentina”, se quejó.

"Fui la primera en reconocer que se dio la visita, porque sentí que algo raro había atrás. Pasamos como Pancho por nuestras casas, algunos diputados recorrieron el pabellón como si fuese un espacio común y es un Penal de presos de personas que cometieron crímenes aberrantes", manifestó.

Bonacci es la única diputada de la comitiva libertaria que no aparece en la foto que el grupo se tomó junto a represores como Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason Jr., Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros.

En línea con Arrieta, ella también deslizó que Menem estaba al tanto de la visita a los genocidas y dijo que Sharif Menem, sobrino y asesor del presidente de la Cámara baja, le había pedido a ella su DNI luego de que se solicitara formalmente el traslado a Ezeiza en vehículo oficial.

Bonacci también señaló al director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, como uno de los que facilitaron el encuentro con los represores, e insinuó que los organizadores de la reunión tenían vínculos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

No obstante, esta desmintió a la santafesina y defendió al titular del SPF. "Es falso de toda falsedad. Me enteré de la visita de los diputados por los diarios", dijo la ministra.

En declaraciones a Cadena 3, la jefa de la cartera de Seguridad dijo que el SPF “hizo lo que dice la Ley de Ejecución de la Pena”.