El acuerdo con los Estados Unidos, la marca física del vasallaje

En 1933 con motivo de las discusiones habidas en el Senado de la Nación sobre el Tratado Roca- Runciman refiriéndose a ciertas imposiciones del gobierno de Gran Bretaña, el senador Lisandro de la Torre sostuvo: “En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones”. Esa frase, reaparece hoy con una precisión casi quirúrgica para describir el nuevo acuerdo celebrado entre Argentina y Estados Unidos, que ha sido recibido por el gobierno con un entusiasmo desmesurado, ya que como dijo Milei con ese exitismo que lo caracteriza, ”dejemos la barbarie populista y volvamos a ser la primera potencia mundial”.

Lo notable no es solo la semejanza histórica, sobre otros momentos del pasado, del cual el Tratado de 1933 resulta un ejemplo, sino la estructura del documento acordado con los EE.UU. que es: una secuencia repetitiva, programada, casi automatizada, donde el sujeto gramatical Argentina aparece ligado a todos los verbos de acción dura, mientras que Estados Unidos se reserva verbos más suaves, vagos o condicionados. Donde Argentina “adoptará”, “permitirá”, “eliminará”, “se compromete”, Estados Unidos “podrá considerar”, “cooperará”, “tiene la intención”. Un ejercicio de filología política alcanzaría para demostrar la asimetría: basta contar verbos y observar quién hace y qué hace

I. Aranceles: entre la apertura programada y la concesión mínima

En el terreno arancelario, Argentina otorga un paquete amplio de preferencias a productos estadounidenses estratégicos: medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos automotores y una larga lista de bienes agrícolas.

La contrapartida estadounidense consiste en eliminar aranceles sobre recursos naturales no disponibles o insumos sin patente. Es decir: abre donde no pierde, concede donde de todos modos no tendría interés, y protege donde sí importa. Una fórmula tan eficiente que debería enseñarse en cursos de “Cómo negociar sin ceder”, lo que no debe extrañar, ya que es bien sabido como EE.UU. procede comercialmente y no va a hacer ninguna excepción con la Argentina.

Nuestro país, desmantela barreras no arancelarias, elimina formalidades consulares, y se compromete a reducir el impuesto estadístico. Todo esto sin que se exija a Estados Unidos medidas equivalentes, quedando en evidencia que la liberalización argentina es real, concreta y verificable; la estadounidense, más conceptual que efectiva.

II. Regulaciones técnicas: la importación de soberanía normativa

El capítulo técnico despliega una novedad singular: Argentina aceptará productos estadounidenses bajo regulaciones, normas y certificaciones estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales. Esto incluye vehículos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos aprobados por autoridades federales estadounidenses. Todo esto en términos jurídicos, muestra lo que no es sino una cesión voluntaria y asimétrica de soberanía regulatoria. La equivalencia automática beneficia únicamente a una de las partes: Estados Unidos. No se contempla reciprocidad. Ningún producto argentino adquiere automáticamente validez regulatoria en Estados Unidos. El acuerdo podría resumirse en una frase: Argentina reconoce los estándares estadounidenses; Estados Unidos reconoce que Argentina los reconoce.

III. Agricultura: la apertura más veloz del hemisferio

En el acceso a los mercados agrícolas, la asimetría adquiere un tono casi humorístico. Argentina abre el ingreso a ganado bovino vivo, acelera el ingreso de aves de corral en un año, renuncia a restricciones sobre denominaciones lácteas y cárnicas, simplifica el registro para carne bovina, porcina, productos cárnicos y vísceras, y desburocratiza el ingreso de lácteos estadounidenses.

¿Y Estados Unidos? Solo “tiene la intención de colaborar” para reducir barreras no arancelarias. Es decir, Argentina abre mercados; Estados Unidos abre expectativas, y la eventual posibilidad de ampliar los cupos exportables de carne.

IV. Trabajo y medio ambiente: compromisos unilaterales, expectativas bilaterales

Mientras Argentina “adoptará”, “implementará”, “combatirá” y “aplicará plenamente”, Estados Unidos no adopta ninguna obligación equivalente. En un acuerdo bilateral, uno esperaría compromisos espejados, en el cual ambos países fortalecen estándares laborales, ambos avanzan en protección ambiental. Aquí no: Argentina modifica comportamientos internos; Estados Unidos acompaña con observaciones.

V. Minería, empresas estatales y subvenciones

El documento avanza también sobre políticas sensibles: minerales críticos, empresas estatales y subvenciones industriales. Nuevamente, Argentina asume compromisos operativos: “abordará”, “se comprometerá”, “intensificará”. Estados Unidos, por su parte, promete “trabajar”, “cooperar”, “coordinar”. Un reparto funcional casi elegante: Argentina hace; Estados Unidos supervisa que todo se haga de acuerdo a los compromisos asumidos.

VI. Comercio digital y datos: el salto hacia la extraterritorialidad informática

El capítulo digital merece mención aparte. Argentina reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, sin plantear exigencias equivalentes. También se compromete a no discriminar servicios digitales estadounidenses y a aceptar firmas electrónicas válidas según legislación estadounidense.

En la práctica, esto implica que el marco regulatorio estadounidense no solo rige para productos o tecnologías exportadas a Argentina, sino también para la infraestructura jurídica del comercio digital argentino. Una importación normativa en toda la regla. Nada de esto debería extrañarnos, porque hace décadas hemos venido cediendo jurisdicción en todos aquellos contratos que hemos firmado con instituciones financieras e inversores, en temas relacionados con los hidrocarburos y la minería. Pareciera que la condición soberana del Estado pasó a ser letra muerta cuando negociamos con las instituciones extranjeras, a cuya jurisdicción invariablemente nos sometemos

VII.- Otras cuestiones significativas

Argentina se ha comprometido a abordar los desafíos estructurales señalados en el Informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, entre los que se incluyen los criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales. 

En uno de los enunciados que parece estar expresamente dirigido a China Argentina ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral. Naturalmente que esto no es de aplicación para los EE.UU. donde sus comercios están abarrotados de productos importados de China, pero como siempre ocurre, nosotros deberemos efectuar un control, que ellos no tienen la menor intención de hacer.

Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Se comprende que la inversión va a ser de empresas estadounidenses, ya que al gobierno de EE.UU. les interesan las tierras raras que tenemos, y también el litio, donde somos uno de los países con más reservas comprobadas de ese mineral.

Es impensable que la Argentina invierta en EE.UU. para la extracción y comercialización de esos minerales, lo que es un ejemplo más del cinismo con el que ha sido redactado este “paper”

Finalmente Argentina se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral, por lo cual empresas tecnológicas altamente rentables como el INVAP, ARSAT y otras no podrán recibir subsidios que distorsionen la relación comercial bilateral, donde debe quedar siempre establecido ese compromiso para evitar problemas con empresas del sector de procedencia estadounidense

En estos enunciados del acuerdo, es innegable que existen obligaciones unilaterales y beneficios que serán distribuidos asimétricamente, y donde asumimos compromisos y distintas obligaciones. Pareciera que ya comienza a ser evidente un modelo de país impuesto desde afuera, sostenido por la arquitectura funcional de un sistema profundamente injusto que necesita de estos mecanismos para perpetuarse.

Un sistema que habilita a los países elegidos a practicar el proteccionismo sin pudor, a subsidiar sectores enteros de su economía y a blindar sus industrias estratégicas, mientras a la Argentina se le exige la renuncia sistemática a cualquier instrumento de desarrollo.

Un sistema que otorga carta blanca para que algunas potencias expandan sus proyectos bélicos sin límite alguno, y que a otros —como el nuestro— les impone el desmantelamiento incluso de emprendimientos científicos, tecnológicos o industriales de carácter pacífico. Un sistema de poder nutrido, en definitiva, por la vieja fórmula de los imperios: para ellos, todo; para los demás, apenas lo que queda.

Por eso, cuando se firma un acuerdo entre Argentina y EE. UU. bajo estas condiciones asimétricas, no se está sellando una cooperación entre iguales, sino la aceptación expresa de un orden donde uno dicta las reglas y el otro las acata.

Hay que tener una enorme ignorancia respecto a ciertos procederes económicos, financieros, políticos y estratégicos de los EE. UU. para suponer que este acuerdo vaya a favorecernos, y los términos del mismo donde la mayor parte de los compromisos son asumidos por nuestro país, muestran cual es la deliberada intención de como fue instrumentado. Ningún país que aspire a la dignidad y al desarrollo, puede construir su futuro sobre la obediencia y el sometimiento, aceptando todo lo que se le impone, y abdicando de su soberanía, para mostrar un alineamiento con los EE.UU. contrario a la tradición histórica de la Nación