Imputan a padre e hijo por presunta usurpación de un campo en el paraje Las Flores

Dos productores rurales del Departamento San Martín fueron imputados por la presunta usurpación de un campo en el paraje Las Flores, en Paso Grande. La fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción 2, Ornella Costa, acusó a Nemesio y Jonathan Soria —padre e hijo— de ingresar al predio de Nicolás Novarese y Esteban Cichero el 16 de mayo de 2025, quitar alambrados, desarmar un corral y permanecer luego en el lugar impidiendo el ingreso de los propietarios y de sus empleados. La jueza de Garantía 4, Luciana Banó, ordenó medidas cautelares y la investigación sigue en curso.

La fiscal sostuvo que los Soria “quitaron el alambrado del cierre perimetral y los postes del terreno”, según alertaron vecinos que observaron la maniobra y dieron aviso a los dueños. En su relato, detalló que los imputados cargaron en un camión los materiales retirados, taparon los huecos donde estaban los palos y se asentaron dentro de la propiedad, lo que incluso obstaculizó la alimentación del ganado.

Durante la audiencia, Costa explicó que Nemesio Soria contaba desde 2012 con una autorización para explotar dos canteras en desuso y que, con el tiempo, había pedido a los dueños del campo una servidumbre de paso y luego un permiso para edificar un balcón para resguardarse en invierno. Sin embargo, aclaró que esos pedidos no habilitaban a ocupar ni modificar el terreno.

La Fiscalía respaldó su acusación con la denuncia de los propietarios, un informe de la Subcomisaría 9 de Paso Grande, el acta de inspección realizada el mismo 16 de mayo, material fotográfico, entrevistas a testigos y documentación dominial y sanitaria del ganado que acredita la titularidad del predio desde 1964. Para Costa, la conducta se encuadra en el delito de usurpación previsto por el artículo 181 del Código Penal.

Como medidas cautelares, la fiscal solicitó que los imputados se presenten una vez al mes durante cuatro meses ante la Unidad de Gestión Fiscal 2 y que no puedan salir de la provincia por el mismo plazo. La jueza Banó hizo lugar al pedido.

La defensa, a cargo de Guillermo y Belén Levingston, rechazó la acusación y sostuvo que no se comprobó la existencia del delito. “Quisiera saber si los denunciantes tienen un título que los avale como dueños, solicitamos que se desestime la denuncia”, planteó el abogado.

El abogado querellante, Esteban Bustos, presentó actas de vacunación del Senasa que datan de 2011 a 2025 como prueba de la explotación continua del campo “El Pozo”. Afirmó que los Soria ingresaron al predio, retiraron tranqueras y alambrados y desde entonces impiden el acceso a los propietarios. También exhibió una cesión de derechos mineros firmada por uno de los imputados a favor de su hijo, donde —según señaló— el propio Soria reconoce que la mina se encuentra en terreno de Cichero. Sumó además un acta notarial y documentación de la Dirección Provincial de Minería que en 2013 ya registraba a Cichero y Novarese como propietarios y poseedores del lugar.