Fuerte comunicado nacional para exhortar el avance de la modificación de la feria judicial

La búsqueda de la modificación del artículo 19 de la Ley IV-0086-2021 Orgánica de la Administración de Justicia, que pretende reducir la feria judicial en la provincia, es muy cuestionada prácticamente desde todos los sectores letrados. Pero esta vez, el caso tomó resonancia nacional. La Federación Judicial Argentina emitió un durísimo comunicado donde pidió frenar el abordaje.

La mesa directiva, reunida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fines de octubre, remarcó su "más enérgico y terminante rechazo" al intento de la Legislatura de materializar la modificación. Apuntaron que la movida altera de manera unilateral los derechos adquiridos de los trabajadores.

También subrayaron que la decisión viola abiertamente la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, que garantizan la estabilidad, las condiciones dignas de labor y la negociación colectiva como instrumentos esenciales para la determinación de las condiciones de empleo.

En ese sentido, explicaron que cualquier modificación que afecte la jornada, licencias, periodos de receso o cualquier otra condición laboral del sector judicial, solo puede resolverse en el marco de las comisiones paritarias y a través del ejercicio de la negociación colectiva, tal como lo establecen las normativas vigentes.

Un "engendro ilegal"

La Federación insistió en la gravedad de la medida impulsada por la Legislatura puntana porque excede la mera transgresión jurídica, configurando un "verdadero ataque al estado de derecho, a la independencia del Poder Judicial y al principio de legalidad que debe regir toda acción estatal".

También se solidarizaron con los afiliados del Sindicato de Judiciales Puntanos y exhortaron a las autoridades provinciales a "revocar de inmediato este engendro ilegal". Caso contrario, adelantaron que iniciarán acciones sindicales y judiciales, tanto en el orden provincial como nacional e internacional, "a fin de establecer la plena vigencia del derecho constitucional a la negociación colectiva y a la defensa de las condiciones de trabajo".