El Sindicato de Judiciales Puntanos exige una inmediata recomposición salarial

La situación económica actual es catastrófica. Miles de personas tienen que hacer verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes, debatiéndose entre pagar los impuestos o hacer frente a las necesidades más elementales de cualquier familia. En ese sentido, los empleados judiciales afrontan un escenario crítico. Piden una recomposición salarial urgente que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. 

El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) envió una nota al gobernador, Claudio Poggi. La misiva, firmada por el secretario General, Luciano Cardarelli, expuso que de acuerdo a los datos oficiales del Indec la inflación acumulada desde diciembre del 2023 hasta diciembre del 2024 ha sido "devastadora" para el bolsillo de los trabajadores. 

El texto precisó los valores mes por mes: diciembre del 2023 (25,5%), enero del 2024 (20,6%), febrero del 2024 (13,2%), marzo del 2024 (11,01%), abril del 2024 (8,83%), mayo del 2024 (4,18%), junio del 2024 (4,58%), julio del 2024 (4,03%), agosto del 2024 (4,17%), septiembre del 2024 (3,47%), octubre del 2024 (2,7%), noviembre del 2024 (2,43%) y diciembre del 2024 (2,7%).

"Sumando estos índices nos da un total de 107,4% y aplicando estos incrementos de forma compuesta, la inflación acumulada real ha sido de aproximadamente 2,9 veces el valor inicial. Esto significa que el salario de la categoría inicial -auxiliar de tercera- que en noviembre del 2023 era de $370.000 y entonces superaba la canasta básica, hoy debería haber alcanzado $1.080.781 solo para no perder el poder adquisitivo y poder superar la canasta básica", precisó el documento. 

Al mismo tiempo, adujo que los aumentos otorgados hasta el momento (18% en mayo, 10% en julio y un 20% escalonado entre agosto y noviembre) han sido insuficientes. Así, la consecuencia de esta falta de actualización es que más del 60% de los trabajadores judiciales se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, sin poder cubrir las necesidades más esenciales. 

Los judiciales apuntan que este contexto reviste una crisis institucional: el Poder Judicial de San Luis se encuentra entre los peores pagos del país, ubicándose antepenúltimo en el ranking de salarios de empleados judiciales y penúltimo en el cargo de juez de primera instancia, según informes de la Federación Judicial Argentina y de la Federación Argentina de Magistrados. 

Por otra parte, apuntaron que esta crisis no se limita al ámbito judicial, sino que el personal del Estado en su conjunto es víctima de la precarización. Como si fuera poco, a la par de la pérdida del poder adquisitivo de los estatales, los impuestos provinciales y municipales han aumentado en algunos casos en más de un 300%, como lo es también el combustible, configurando "un contexto de injusticia y desigualdad alarmante".

"En el caso particular de la Justicia, la falta de autarquía económica y la dependencia absoluta del Poder Ejecutivo ha generado una crisis institucional sin precedentes. Actualmente, el Poder Judicial solo recauda el 20% de su presupuesto mínimo, quedando el 80% restante a merced de la voluntad del Gobierno provincial", especificó la nota. 

De este modo, aseguraron que el recorte inconstitucional del presupuesto judicial aprobado para el 2025 profundiza aún más el deterioro del servicio de Justicia, haciendo imposible solucionar el problema salarial que acontece, como un poder independiente del Estado. 

Frente a este escenario, el sindicato pidió innumerables audiencias con el Gobernador y el ministro de Hacienda, además de elevar notas en las que fueron sistemáticamente ignorados. 

Por todo ello, exigen una recomposición salarial de no menos del 30% para febrero, como primer paso para empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido. Además, requieren una reunión urgente con el Gobernador -o en su defecto con un representante que designe- para definir un esquema de recomposición salarial para este año. 

"No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo salarios dignos que permitan a los y las trabajadoras judiciales seguir cumpliendo con su labor sin tener que elegir entre pagar un impuesto o llenar el carrito del supermercado, porque cuando la Justicia se debilita, siendo un servicio esencial, no solo pierden los trabajadores sino toda la sociedad", concluyó la nota.