Un proyecto de ley busca garantizar el derecho a la vivienda en la provincia

Recientemente, fue presentado en la Cámara de Senadores un proyecto clave que busca garantizar el derecho a la vivienda en la provincia. Fue elaborado por el bloque del PJ y pretende institucionalizar el acceso a un hogar como un hecho legítimo, permanente, equitativo y sustentable. 

La presentación de la propuesta se da en paralelo al anuncio del plan "Tenemos Futuro", que acumula más de 66 mil grupos familiares anotados. La oposición remarcó que una ley de emergencia no alcanza para resolver una cuestión que es estructural. En ese sentido, la idea de los legisladores del PJ es superadora. Lleva el nombre de "San Luis, Mi Hogar". 

Qué dice el proyecto

La iniciativa da cuenta de que se propicia un sistema integral de planificación, ejecución, financiación, adjudicación y regulación habitacional, con enfoque social, ambiental y territorial. 

Se contempla la equidad, la justicia social (con prioridad para atender a los sectores más vulnerables), la sostenibilidad ambiental (con la incorporación de criterios de eficiencia energética, resiliencia climática), la continuidad institucional (programas, fondos y planes de carácter permanente, más allá de los cambios de gobierno), la participación ciudadana (mecanismos de consulta, veeduría, control social), la transparencia y la publicidad y la integración urbana y funcional (promoción de hábitats con acceso a servicios públicos, transporte, empleo, educación, salud, y espacios públicos de calidad). 

Se enfoca en las personas que no poseen vivienda propia, priorizando las que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, social, sanitaria o habitacional. Asimismo, también encuadra a sectores medios sin acceso al crédito o mercado inmobiliario formal, a los municipios y entidades públicas que adhieran a los planes de la ley, a organizaciones sociales, cooperativas y mutuales que desarrollen proyectos habitacionales y a personas jurídicas sin fines de lucro cuyo objetivo social se vincule con la promoción del derecho a la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, cuando participen en esquemas de cogestión habitacional, autoconstrucción asistida o desarrollo de proyectos de construcción sustentable. 

Creación de la Agencia Provincial de Vivienda y Hábitat Sustentable

La normativa prevé la creación de la Agencia Provincial de Vivienda y Hábitat Sustentable, con rango de secretaría de estado, como organismo del Ejecutivo y con competencia exclusiva en la temática. Se pretende que tenga a cargo la planificación, ejecución, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas respectivas. El Ejecutivo, determinará su estructura orgánica y funcional mediante el decreto reglamentario correspondiente. 

Del mismo modo, se promulga la creación del Plan Estratégico Provincial de Vivienda y Hábitat Sustentable (PEPVHS) como instrumento rector de la política habitacional. Tendrá el rol de trazar metas, criterios, prioridades territoriales y sociales, lineamientos técnicos, mecanismos de financiamiento y estrategias de articulación interinstitucional. Se calcula una vigencia de 10 años para el PEPVHS y deberá ser revisado y actualizado cada 5 años. 

Un detalle clave es que el proceso de formulación y actualización del Plan, tendrá que garantizar instancias de consulta pública, participación de organizaciones sociales, municipios, colegios profesionales, universidades, entre otros actores del ecosistema habitacional. 

También se impulsará la creación del Programa de Adecuación Habitacional, que tendrá el objetivo de garantizar condiciones dignas de habitabilidad a personas y grupos familiares que residan en viviendas precarias, inadecuadas o sin condiciones mínimas de seguridad, salubridad y confort.

Una mirada integral, una respuesta concreta y efectiva

El proyecto remarca en sus fundamentos que San Luis ha sido históricamente pionera en materia de política habitacional, con una fuerte impronta del Estado en la planificación, construcción y adjudicación de viviendas sociales. Desde 1983, esta visión de política pública ha alcanzado una proporción fundamental de la población, consolidando una "cultura ciudadana que asocia el acceso a la vivienda no como un beneficio individual, sino como un derecho social y una obligación indelegable del Estado". 

En ese sentido, los legisladores del PJ indican que esta política no fue acompañada de un marco jurídico que sea estable y duradero, más allá de la coyuntura. Esto provocó que en cada transición de gestión, la ejecución de programas habitacionales quedara sujeta a prioridades administrativas, criterios discrecionales o decisiones con consecuencias en la previsibilidad, equidad y sostenibilidad de las soluciones ofrecidas. 

Es por eso que el proyecto tiene la finalidad de institucionalizar la política habitacional en la provincia, elevándola al rango de política de Estado. De ahí, a diferencia de una proyección de emergencia o asistencia, que responde más bien a situaciones puntuales, esta propuesta legislativa "se basa en un modelo de gestión integral y a largo plazo". 

Así, la ley plantea transformar una política exitosa pero históricamente voluble en un sistema normativo sólido, replicable y resiliente, consolidando así derechos adquiridos y evitando retrocesos institucionales.