ATE expuso traslados y reemplazo de personal por pasantes en Rentas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Villa Mercedes encendió las alarmas y expresó su enfático rechazo ante una serie de medidas administrativas implementadas en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP – Rentas).

El gremio responsabiliza directamente a la directora del organismo en San Luis, Teresa Capiello, y al jefe de la delegación local, Gabriel Ojeda, por autorizar traslados arbitrarios de personal hacia otras dependencias estatales e impulsar la incorporación de pasantías rentadas sin previo diálogo ni transparencia.  

La controversia comenzó a mediados de octubre, cuando agentes con funciones en Rentas Villa Mercedes fueron notificados de manera verbal sobre la realización de entrevistas para evaluar su eventual traslado al ámbito del Ministerio de Salud.

Según remarcaron desde ATE a través de una presentación formal ingresada días atrás, los trabajadores involucrados no presentan faltas justificadas ni evaluaciones de desempeño negativas que sustenten un desplazamiento.

Además, advirtieron que la nómina de afectados abarca a personas inmunodeprimidas cuya integridad psicofísica y condiciones de salud deben ser preservadas.   

Paralelamente, el sindicato objetó que el plan oficial contemple retirar personal de la plantilla habitual de Rentas para cubrir dichas funciones mediante pasantes con esquemas de 20 horas semanales.

Desde la entidad gremial remarcaron que las pasantías deben guardar un fin estrictamente educativo y formativo, por lo que utilizarlas para sustituir cargos permanentes representa una modalidad de precarización laboral que pone en riesgo la capacidad operativa de la repartición y la calidad del servicio público.  

Ante esta situación, la Seccional Villa Mercedes solicitó la inmediata suspensión de las reasignaciones de tareas, la apertura de una instancia de diálogo institucional y la incorporación definitiva del personal a la nómina propia de la DPIP, evitando traslados compulsivos hacia el Ministerio de Salud.

Asimismo, el gremio se declaró en estado de alerta y ratificó que agotará las vías administrativas y legales necesarias para garantizar la estabilidad laboral y la continuidad de los puestos de trabajo en el sector público.