Desendeudamiento: ATE exige ser escuchado mientras chocan el proyecto oficial y el del PJ

El Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis formalizó un pedido ante el vicegobernador Ricardo Endeiza y el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, para solicitar su participación activa en el tratamiento del Proyecto de Ley de Desendeudamiento de las Familias Puntanas.

Desde el gremio remarcaron la necesidad de que la voz de los trabajadores sea escuchada con información de campo y relevamientos socioeconómicos, advirtiendo sobre el fuerte impacto de la pérdida de poder adquisitivo y el sobreendeudamiento en los hogares.

En paralelo, la discusión legislativa abre un profundo contraste entre la propuesta enviada por el Ejecutivo provincial y la alternativa previamente presentada por el bloque del Partido Justicialista (PJ).

Enfoques y alcances contrapuestos

Naturaleza de la norma: El proyecto oficialista se plantea como un programa de incentivo fiscal indirecto y dinamización económica a un año (prorrogable), buscando aliar al Estado con bancos y fintech mediante exenciones de Ingresos Brutos y Sellos para que ofrezcan mejores planes de pago. En la vereda opuesta, el proyecto de la oposición se concibe como una emergencia estructural de orden público (fresh start financiero), que parte de un diagnóstico crítico sobre los salarios provinciales para establecer un blindaje patrimonial y procesal frente a acreedores abusivos.

Umbrales y topes de alivio: El texto del Ejecutivo exige una mora mayor a 3 meses y fija un tope de cuota del 30% de los ingresos del grupo familiar, con un plazo mínimo de amortización de 24 meses y 2 meses de gracia. Por su parte, la iniciativa del PJ define el "sobreendeudamiento pasivo" cuando las deudas superan el 25% de los ingresos netos del hogar, estipula una instancia prejudicial obligatoria en mediación, suspende ejecuciones judiciales por 120 días y proyecta planes de saneamiento de hasta 5 años.

Tratamiento a acreedores y sector informal: Mientras el oficialismo se concentra en entidades financieras tradicionales y proveedoras registradas en el BCRA mediante incentivos voluntarios, el proyecto opositor avanza fuertemente sobre los prestamistas informales y mutuales. Crea un registro específico en el Ministerio de Hacienda, fija topes estrictos a los intereses y tipifica administrativamente la usura con multas severas.

Impacto legal y empleo público: La iniciativa del Ejecutivo no altera códigos de fondo ni procesales locales. En contraposición, el bloque opositor propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial para ampliar la inembargabilidad de haberes (hasta tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil), reformar el Código Fiscal, blindar la vivienda única e introducir protecciones reforzadas para empleados públicos y jubilados del IPSPS.

Con este escenario de marcado debate técnico y político, la exigencia de ATE de integrar las comisiones de trabajo añade presión a un debate legislativo clave para miles de familias de la provincia.