La justicia federal y la consagración de la impunidad

"Resistir a la injusticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral; es un deber para con la sociedad, porque esta resistencia no puede ser coronada con el triunfo, más que cuando es general [...]. La defensa de un derecho lesionado no es el simple deber del que está investido un ciudadano para consigo mismo, sino también para con la comunidad. Él con su derecho defiende a un tiempo la ley, y en la ley defiende juntamente el ordenamiento indispensable de la sociedad [...]. Todos tienen el deber y la misión de aplastar la cabeza a la venenosa serpiente de la arbitrariedad y la licencia dondequiera que se atreva a sacarla afuera."

RUDOLF VON IHERING, La lucha por el derecho.

La semana pasada, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de todos los imputados en la causa conocida como $LIBRA, en la que se investigaban las posibles responsabilidades penales derivadas de la promoción de una criptomoneda por parte del presidente de la Nación. Una decisión que no puede dejar de provocar estupor, no solo por la trascendencia institucional de los hechos investigados, sino porque se adoptó sin que ninguno de los involucrados hubiera sido llamado siquiera a prestar declaración indagatoria.

La resolución benefició al presidente Javier Gerardo Milei; a su hermana, Karina Elizabeth Milei, secretaria general de la Presidencia; a Mauricio Gaspar Novelli; Manuel Terrones Godoy; Sergio Daniel Morales; Hayden Mark Davis, responsable de Kelsier; Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh, vinculado a KIP Protocol; María Alicia Rafaele; María Pía Novelli; Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Todos quedaron sobreseídos, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, porque el magistrado consideró que los hechos investigados no configuraban ninguno de los delitos denunciados.

Pero hay algo todavía más grave: la decisión fue adoptada cuando los damnificados habían sido apartados de su condición de querellantes por la Cámara Federal, quedando privados de intervenir en el proceso con las facultades que esa calidad les otorgaba. Los recursos contra ese apartamiento se encontraban pendientes de resolución. Es decir, mientras subsistían cuestionamientos sobre la posibilidad de que las víctimas participaran activamente en la investigación, se decidió clausurarla.

Resulta difícil imaginar una situación más favorable para quienes estaban siendo investigados. Primero se excluye a quienes denunciaron haber sufrido perjuicios y pretendían impulsar la investigación; después, con el pedido de sobreseimiento del fiscal, se cierra el proceso sin necesidad de escuchar a los imputados en declaración indagatoria. Una secuencia procesal que, más allá de las argumentaciones jurídicas utilizadas para justificarla, plantea serios interrogantes sobre el derecho de las víctimas a obtener una investigación efectiva.

No se trata de reclamar condenas anticipadas ni de desconocer las garantías constitucionales que amparan a cualquier ciudadano, sea presidente de la Nación o un hombre común. Se trata de algo mucho más elemental: que los hechos sean investigados con la profundidad necesaria y que el poder político no se convierta en un privilegio capaz de condicionar el funcionamiento de la Justicia.

Parecería que en la Argentina existen distintas maneras de administrar justicia según quién sea el investigado. Cuando se trata de funcionarios de otras gestiones, basta muchas veces una sospecha para poner en marcha investigaciones interminables, convocatorias a indagatoria y medidas judiciales de toda naturaleza. Pero cuando los cuestionamientos alcanzan a determinados funcionarios del actual gobierno, los procedimientos parecen transitar por caminos mucho más favorables, que terminan con su desvinculación de las causas.

Algo semejante ocurrió recientemente con el ministro Luis Caputo, y también con el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien prestó declaración en una investigación en la que intervino el fiscal federal Federico Delgado, sin que las actuaciones produjeran las consecuencias que, a mi juicio, justificaban las evidencias reunidas.

Esa desigualdad en la intensidad de las investigaciones constituye uno de los aspectos más perturbadores del funcionamiento de nuestro sistema judicial. Porque la independencia de los jueces no consiste solamente en proclamar solemnemente que están sometidos a la Constitución y a las leyes, sino en demostrarlo cuando deben investigar a quienes ejercen el poder.

El juez Martínez de Giorgi tiene una trayectoria que permite formular serios cuestionamientos a su desempeño en determinadas investigaciones vinculadas con personajes de relevancia política y económica. Como ocurre con demasiada frecuencia en los tribunales federales de Comodoro Py, los expedientes avanzan, se paralizan o languidecen durante años, mientras los protagonistas de los hechos investigados continúan sus actividades sin mayores contratiempos.

Cabe recordar la prolongada investigación vinculada con Odebrecht, en la que apareció involucrado Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, así como la causa referida a los parques eólicos, relacionada con negocios de la familia Macri. Son ejemplos de investigaciones cuya evolución y resultados merecen un examen riguroso, porque la demora judicial puede convertirse, en los hechos, en una forma de garantizar que las responsabilidades nunca lleguen a esclarecerse.

Tengo, además, motivos personales para referirme al desempeño de este magistrado. Durante algunos años estuvo a cargo de la causa sobre la deuda externa argentina que inició mi padre en 1982 y que yo continué impulsando después de su muerte. Una investigación de enorme trascendencia institucional, en la que se encontraban comprometidas decisiones económicas que afectaron profundamente al país y que tampoco mereció, durante su intervención, el impulso que consideraba indispensable.

Pero hay un episodio que recuerdo especialmente, porque no se refiere solamente al funcionamiento de la Justicia, sino a la persecución que sufrió un fiscal federal cuya honestidad, independencia y compromiso con su función conocí personalmente: mi querido amigo Federico Delgado. A instancias de actuaciones promovidas en un contexto en el que tuvieron intervención el abogado Víctor Stinfale y Mariano Cúneo Libarona, Martínez de Giorgi impulsó actuaciones contra Delgado que siempre consideré absolutamente injustificadas.

Federico debió enfrentar durante años dos causas cuya falta de sustento denuncié desde el comienzo y que finalmente no derivaron en condena alguna. Delgado había intervenido en una investigación que determinó la detención de Stinfale, quien permaneció privado de su libertad durante varias semanas. Según los antecedentes que conocí, aquella circunstancia generó un profundo enfrentamiento y un propósito de represalia contra el fiscal.

Lo verdaderamente grave fue que un funcionario judicial de la integridad de Delgado debiera destinar años de su vida a defenderse de imputaciones que consideraba falsas, mientras veía cuestionada una trayectoria construida sobre el trabajo, la independencia y el respeto por la ley.

Conocí el sufrimiento que le ocasionó aquella persecución. Federico no era un fiscal que acomodara sus decisiones a las conveniencias del poder, ni alguien dispuesto a negociar sus convicciones para preservar su tranquilidad personal. Era un hombre íntegro, que entendía la función judicial como un compromiso con la sociedad y no como un instrumento de conveniencias políticas. Por eso me resultó especialmente doloroso observar cómo debía luchar para defender su honor frente a acusaciones que nunca debieron haber prosperado.

Ante aquellos hechos, junto con Fernando "Pino" Solanas denuncié a Martínez de Giorgi ante el Consejo de la Magistratura. Entendíamos que su actuación debía ser investigada y que no podía permanecer al margen de cualquier evaluación institucional. Sin embargo, nuestra presentación no tuvo las consecuencias que esperábamos. No fue la primera vez, ni seguramente será la última, que una denuncia contra un magistrado termina sin resultados significativos. Los mecanismos de control del Poder Judicial han demostrado demasiadas veces una eficacia escasa frente a conductas que merecerían, cuanto menos, una investigación seria y transparente. Ahora, con la resolución dictada en la causa $LIBRA, Martínez de Giorgi vuelve a protagonizar una decisión que, a mi entender, se incorpora a las páginas más cuestionables de la historia judicial de Comodoro Py.

Aquí no estamos hablando de una simple controversia económica ni de las pérdidas que pudieran experimentar inversores que decidieron participar en una operación especulativa. Estamos hablando de la intervención pública del presidente de la Nación en la promoción de un activo financiero cuyo valor se disparó y luego se derrumbó, provocando perjuicios a miles de personas, mientras unos pocos obtuvieron ganancias extraordinarias. La investidura presidencial no es una circunstancia accesoria.

La palabra de un presidente tiene una gravitación pública que no puede equipararse a la de cualquier particular. Quien ejerce la primera magistratura no puede pretender que sus actos públicos sean examinados como si provinieran de un ciudadano sin responsabilidades institucionales. Por eso, precisamente, correspondía esclarecer exhaustivamente las circunstancias en que se produjo aquella promoción, las relaciones entre los involucrados y el destino de los fondos. Nada de esto significa afirmar que los imputados fueran necesariamente culpables. Significa que una investigación judicial debe procurar agotar razonablemente las medidas conducentes antes de cerrar definitivamente un expediente de semejante trascendencia.

Lo que resulta inaceptable es que, mientras subsisten interrogantes relevantes, se pretenda presentar el sobreseimiento como una demostración concluyente de que nada ocurrió. Hace muchos años que vengo denunciando que uno de los mayores problemas de la Argentina no es solamente la corrupción, sino la existencia de estructuras institucionales que permiten que determinados hechos permanezcan impunes. En ese mecanismo la Justicia federal ha desempeñado, demasiadas veces, un papel que no puede ser ignorado. La impunidad no se construye únicamente mediante la absolución de los responsables de un delito. También puede construirse mediante investigaciones insuficientes, demoras interminables, pruebas que no se producen, denuncias que se archivan y resoluciones que clausuran los expedientes antes de que se hayan esclarecido suficientemente los hechos.

Por eso vuelvo a las palabras de Rudolf von Ihering que encabezan estas reflexiones. La resistencia frente a la injusticia no es simplemente una facultad individual, sino un deber moral con uno mismo y con la sociedad. Cuando la arbitrariedad se instala en las instituciones y los mecanismos destinados a controlar el poder parecen incapaces de hacerlo, guardar silencio equivale a resignarse a que la ley deje de ser una garantía para todos y se transforme en un instrumento utilizado de manera desigual. Una sociedad puede soportar gobiernos mediocres, funcionarios irresponsables y dirigentes que traicionan sus compromisos. Lo que difícilmente puede soportar sin degradarse profundamente es una Justicia que deje de ser un límite al poder y termine convirtiéndose en su protección.

Porque cuando quienes deben investigar renuncian a esclarecer, cuando quienes deben controlar el poder parecen contemplarlo con indulgencia y cuando la ley se aplica con distinto rigor según la posición de los involucrados, ya no estamos solamente ante un problema judicial. Estamos ante una profunda crisis moral e institucional. La corrupción destruye recursos y degrada las instituciones. Pero una Justicia que no la investiga con independencia destruye algo todavía más grave: la confianza de una sociedad en que alguna vez podrá encontrar la verdad. Y cuando esa confianza desaparece, la impunidad deja de ser una excepción para convertirse en una forma de gobierno.