“Reclamar pasó a ser un delito”: el crudo testimonio de una enfermera del Pediátrico

Soñaba con ser médica. De niña, en Misiones, había un profesional que la atendía y le obsequiaba pequeños presentes, a quien ella llamaba “el doctor buenito”. Sin embargo, estudiar medicina resultaba imposible para su familia, por lo que optó por la carrera más cercana: enfermería.

En la actualidad, con casi 25 años de trayectoria —21 de ellos en San Luis y más de dos décadas bajo la modalidad de contrato en el ámbito público—, asegura atravesar la peor etapa de su vida laboral y admite que, por primera vez, consideró abandonar su puesto. Arribó a la provincia en 2005, recién graduada, se desempeñó durante un año en el Plan de Inclusión y en 2006 obtuvo su vinculación contractual.

“Nunca pasamos por una situación así, de no ser escuchada ni valorada. Durante la pandemia uno pensaba que las cosas iban a cambiar, pero volvimos peores”, relató a El Diario de la República la profesional, quien solicitó reserva de identidad por temor a represalias, un sello de la administración provincial.

Según su análisis, el conflicto radica en la falta de gestión y de sensibilidad. “Antes podíamos dialogar, teníamos diferencias. Hoy existe un retroceso general porque no hay contratos; los jóvenes ingresan con monotributo y ya no existe el mismo compromiso”, explicó.

Asimismo, evocó épocas anteriores en el establecimiento sanitario: “Tengo los recuerdos del hospital repleto de personal y eso era vida. Hoy el edificio está vacío; le falta gente y calidez humana por parte de los directivos, de quienes fueron designados a dedo”, afirmó.

En ese sentido, exigió la implementación de concursos para cubrir los cargos jerárquicos. “Siempre se premia al compañero, al amigo o al pariente y no a las capacidades. Mucho talento queda truncado”, lamentó.

De acuerdo con su testimonio, el hostigamiento se agravó cuando comenzó a elevar planteos formales. “Cuando el derecho del niño no se respeta y uno realiza un reclamo real, te acusan de tener una conducta maliciosa en lugar de verificar si la falla existe e intentar solucionarla”, señaló. Además, aseguró que presentó diversas notas administrativas sin obtener respuestas. “Me siento perseguida, como si estuvieran todo el tiempo buscando en qué te podés equivocar”, expresó.

Por otra parte, denunció modificaciones arbitrarias en su jornada laboral. En lo que va del año, ya le cambiaron el turno en tres oportunidades y recientemente le asignaron la franja de 16 a 24. Al residir en la ciudad de La Punta, ese esquema le exige un traslado exclusivo de ida y otro de regreso, lo que representa un gasto económico adicional y altera la rutina indispensable para el cuidado de sus hijas, quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“El reclamo, que es un derecho del trabajador, pasó a ser un delito. No podés quejarte porque te tildan de conflictiva, porque dicen que buscás una jefatura o por tu orientación política. Antes que nada, soy enfermera y me debo a los pacientes”, sostuvo.

Este escenario le provocó un cuadro de angustia profunda que la obligó a iniciar tratamiento psiquiátrico. “Estando bajo ese estrés permanente, sin saber con qué normativa nueva van a aparecer, no había dimensionado el nivel de tensión que acumulaba por no poder ejercer mi oficio como corresponde”, confesó.

“Por mi salud mental, no veo otra salida más que renunciar al sistema. Pero si me voy, nada va a cambiar; todo va a seguir igual o peor”, concluyó.