El lado oscuro y el círculo de 400 millones de las fotomultas en Villa Mercedes

Ante varias consultas de ciudadanos y trabajadores de taxis y remises de Villa Mercedes sobre el Sistema de fotomultas que el Municipio instaló en Villa Mercedes, el abogado Rubén Lemos comenzó a buscar información. Se encontró con material "confuso y contradictorio" que lo llevó a recabar más datos en el Juzgado de faltas de la ciudad, de donde fue derivado a la Fiscalía Municipal.

El profesional contó que en la oficina fue atendido "muy amablemente" por el fiscal Enrique Gargiulo, quien no le pudo dar más que información escueta y acotada: le dijo que el sistema comenzó su vigencia plena el 2 de junio de 2026 y le prometió enviarle por mail el acto administrativo que así lo estableció. "Nunca me lo mandó", sostuvo el letrado.

Fue entonces que Lemos lo solicitó ante la Mesa de entradas del Municipio. La información que requería el profesional era concreta: la Ordenanza que establece este sistema y quien realizó la instalación de los equipos, una copia del convenio con una Cámara para la instalación del sistema, un informe que aporte esa Cámara y si alguna empresa o la misma Cámara se beneficia económicamente de las multas; un informe si alguna empresa integrante de esa cámara se encuentra registrada como proveedor del Municipio; y en caso de que la comuna se haya hecho cargo de la instalación de los equipos, informe cuál fue el proveedor, el costo asumido y procedimiento para la disposición de los recursos necesarios.   

Ninguno de esos requerimientos fue respondido por el  Municipio. "Pensé que se habían olvidado así que presenté un pronto despacho con cinco días hábiles más de plazo para que contesten", dijo, con algo de ironía, el letrado. 

"Como tampoco respondieron eso, empecé a sospechar que había algo escondido que no se quiere mostrar, es costumbre de esta administración municipal no dar información pública", sostuvo Lemos, quien de todos modos consiguió de manera extraoficial el convenio de Coperación celebrado entre el intendente Maximiliano Frontera y el  representante de una Cámara de control y administración de infracciones de tránsito, la CECAITRA.

"Allí -siguió el denunciante- se conviene el desarrollo de un programa municipal de tránsito y seguridad vial que se repartía en mitades la resultante económica de las multas. Dicho convenio tuvo un blindaje legal por un decreto del mismo intendente Frontera y aprobación del Concejo Deliberante".  

El pacto otorga facultades a CECAITRA para que multe y notifique a los infractores que deben abonar multas "por valores exhorbitantes", opinó Lemos, quien señaló que algunos funcionarios municipales informaron en los medios que había 4 mil infracciones labradas con este sistema. "La cuenta es simple: si el valor de cada multa promedio es de 100 mil pesos por 4.000 el resultado es de 400 millones de pesos que se repartían en mitades el Municipio y CECAITRA".  

Uno de los fallos que encontró el abogado sobre el sistema es la señalización de las cámaras y cinemómetros. Según Lemos, ese aspecto "es inexistente o precario" ya que se han colocado en forma de “trampas para los distraídos” en lugar de como lo dice la Ley que deben ser instrumentos “disuasorios de las malas conductas”.  

Con las dudas más crecientes, el abogado se encontró con una serie de malos antecedentes que CECAITRA tuvo en distintos municipios del país. "¿Entonces cómo puede entenderse que ante esta facilidad de información de malos antecedentes pudiera esta Cámara sin fines de lucro aterrizar en nuestra ciudad intentando llevarse importantes beneficios económicos si no es un negocio? ¿Quién le abrió la puerta?".  

El convenio firmado por el intendente Frontera es muy cuestionable, sostuvo al abogado, pues permite que empresas ligadas a la provisión de elementos de control de tránsito utilicen como ariete a este tipo de cámaras sin fines de lucro y posibilita que empresas proveedoras sean contratadas de forma directa ya que los montos percibidos por la cámara pueden fluir posteriormente fácilmente hacia empresas comerciales propiedad de sus mismos directivos mediante subcontrataciones. "Este tipo de convenio donde existe dividendos porcentuales repartidos entre organismos y Cámara sin fines de lucro son altamente cuestionables por los contribuyentes y desnaturalizan el carácter y genera presunción de fin comercial".  

Tras presetar un amparo por mora administrativa para Frontera, Lemos consideró que todas multas emitidas por la Municipalidad son nulas porque "nadie sabe aún sobre la homologación por organismo competente de sus elementos electrónicos, como cinemómetros" y exigió que el dinero abonado ya por los ciudadanos debe ser devuelto.  

"Todos estamos a favor del control para evitar males, pero no de esta manera improvisada por funcionarios que deberían ser más serios y competentes", concluyó el letrado.