Tras reasumir, Juan Álvarez Pinto ya busca endeudar a Merlo por $500 millones

El regreso de Juan Álvarez Pinto a la intendencia de Villa de Merlo tuvo una primera movida institucional que encendió de inmediato las alarmas en el ámbito legislativo municipal. Apenas tres días después de reasumir sus funciones, el Poder Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un nuevo proyecto de endeudamiento que solicita autorización para operar un giro en descubierto en el Banco Supervielle por un monto de hasta 500 millones de pesos, bajo una modalidad de tasa variable.

La presentación formal del expediente desencadenó una tajante respuesta por parte de la oposición, que anticipó su rechazo y adelantó objeciones de fondo para frenar de plano su tratamiento.

A través de un comunicado conjunto, los concejales Lucía Miranda (Frente Justicialista), Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones) y Daniel Orué (Socialismo Merlino) denunciaron que la iniciativa gubernamental adolece de irregularidades estructurales que la tornan nula, calificándola como un intento de imponer un endeudamiento ilegal a la ciudad.

El reclamo opositor se sostiene en tres ejes centrales de orden normativo y financiero. En primer lugar, señalaron una contravención directa al artículo 80 del Reglamento Interno del cuerpo (Ordenanza N° X-1087-C.D.-2022), el cual impide expresamente tratar proyectos que hayan sido rechazados durante el mismo año legislativo, tal como sucedió semanas atrás con un paquete crediticio por 1.900 millones de pesos.

Asimismo, remarcaron que la propuesta contraviene el inciso 12 del artículo 258 de la Constitución de San Luis, norma que prohíbe el uso del crédito público para saldar gastos corrientes de la administración municipal.

Sumado al encuadre legal, los ediles cuestionaron el impacto económico que conllevaría operativizar una línea bancaria sujeta a tasas variables en el escenario actual. En ese sentido, advirtieron que los costos por intereses recaerán sobre las arcas locales y la ciudadanía sin garantías de previsibilidad.

Por último, exigieron que el Ejecutivo explique por qué desecha mecanismos financieros ajustados a la ley, como el anticipo de coparticipación provincial, para recurrir a un financiamiento que vuelve a colocar la deuda pública en el centro del debate político merlino.