Familias de personas con discapacidad denuncian "abandono total" por parte del Estado

El sistema de atención a personas con discapacidad en la provincia ha ingresado en una fase crítica que amenaza con dejar sin prestaciones esenciales a cientos de niños, jóvenes y adultos. 

Ante la falta de actualización del Nomenclador Nacional y la mora en los pagos del programa nacional Incluir Salud, las familias autoconvocadas decidieron llevar su reclamo a la calle. 

Este miércoles 18 de marzo se realizará una movilización hacia la Gobernación y el Ministerio de Salud, mientras que el jueves 19 se llevará a cabo un cese total de actividades en los centros de discapacidad de la región.

La gravedad de la situación quedó plasmada en una desgarradora carta abierta dirigida al Gobernador de San Luis, donde padres y familiares explican que instituciones como los Centros Educativos Terapéuticos (CET) y los Centros de Día se encuentran al borde del cierre definitivo. 

Según el documento, la falta de fondos ha impedido el pago de sueldos y aguinaldos de equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, fonoaudiólogos y kinesiólogos, entre otros profesionales, quienes en muchos casos continúan trabajando sin percibir sus haberes.

Las familias enfatizan que el Estado provincial no puede ser un "espectador" de esta crisis, ya que ni las escuelas especiales ni los hospitales públicos cuentan con la infraestructura o el personal clínico para absorber a los pacientes si los centros privados —en quienes el Estado delegó históricamente esta tarea— dejan de funcionar. 

"No hay un plan B estatal; el cierre significa, literalmente, el abandono total", advirtieron, remarcando que el sistema de salud pública no está diseñado para la contención diaria de ocho horas que requieren las patologías complejas.

Entre los puntos principales del petitorio de emergencia, los damnificados solicitan la creación de un Fondo de Emergencia Provincial para garantizar el funcionamiento de los centros y el pago de sueldos atrasados. 

También exigen una equiparación con los subsidios que reciben las escuelas de gestión privada, exenciones impositivas y una tarifa social para servicios básicos y combustible, elemento vital para el transporte adaptado que realiza el servicio puerta a puerta.

La misiva concluye con un llamado urgente a la sensibilidad social y política, subrayando que la interrupción de las terapias representa un retroceso irreversible en la autonomía y salud de las personas con discapacidad. 

Bajo el lema "Por los derechos y los tratamientos", la comunidad educativa y terapéutica, espera una respuesta inmediata que garantice la continuidad de un sistema que hoy pende de un hilo.