Mucho show, pocas pruebas

En los pasillos de Tribunales, apenas conocido el veredicto del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, el comentario fue casi unánime. El desempeño del fiscal de juicio Francisco Assat Alí resultó pobre, deslucido y hasta desganado para un proceso que el propio oficialismo había presentado durante años como uno de los grandes casos de corrupción de la gestión anterior.

La comparación con la defensa fue inevitable. Mientras el abogado Marcos Juárez desarrolló su alegato durante casi dos horas, el fiscal no ocupó más de treinta minutos para sostener una acusación que pedía entre cinco y siete años de prisión. Demasiado poco tiempo para un expediente que había sido inflado políticamente durante años.

En ese mismo clima también se escucharon críticas por el trato dispensado durante el debate a un ex gobernador. Más allá de las posiciones políticas, dentro del propio edificio judicial hubo quienes consideraron que algunas escenas resultaron innecesarias y hasta irrespetuosas para una figura institucional de ese rango.

Tampoco pasó desapercibido el papel de la Fiscalía de Estado. En Tribunales recordaban que el organismo contó durante toda la investigación con una ventaja evidente: el acceso a la documentación administrativa del propio Estado. Aun así, el material probatorio aportado fue considerado pobre. El contraste resultó más evidente si se tiene en cuenta que a la defensa le fue impedido acceder a gran parte de esa documentación durante casi dos años.

Ese desequilibrio inicial hacía suponer que el oficialismo llegaría al debate con una base documental contundente. El juicio mostró otra cosa.

El resultado final fue un fallo que absolvió por el beneficio de la duda en el cargo central y dejó una condena menor en suspenso por negociaciones incompatibles, muy lejos de los años de prisión efectiva que la acusación había prometido.

En ese contexto, lo que el poggismo esperaba presentar como una condena ejemplar terminó pareciéndose más a un espectáculo político. Un proceso acompañado por operaciones mediáticas, presión pública y escenas preparadas para las cámaras.

Entre ellas, la del colectivo estacionado frente a Tribunales el día de la audiencia. El vehículo, en realidad, pertenece al San Luis Fútbol Club, el mismo club que fue colocado en el centro de la acusación durante todo el proceso.

La escena terminó funcionando como una metáfora involuntaria del juicio. Mucha puesta en escena, carteles, cámaras y ruido político alrededor de un expediente que, a la hora de ser evaluado por los jueces, no logró sostener la acusación principal.

Después de años de construcción mediática, el resultado fue otro. No hubo condena ejemplar ni escándalo judicial. Lo que quedó expuesto fue algo bastante más incómodo para quienes impulsaron la causa: que detrás del relato había mucho más show que pruebas.