Los puntanos del "Nunca más"

Treinta y nueve puntanos son mencionados en el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado. Son parte del triste listado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado Argentino, cuerpos llevados a la desaparición forzada y asesinato en hechos ocurridos entre 1966 y 1983, según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Veintiocho de ellos tenían menos de 30 años cuando fueron desaparecidos. El menor tenía sólo 18 años y la mayor 55. Una de ellas estaba embarazada, dieciséis eran estudiantes -de Psicología, Ciencias de la educación, Filosofía y letras, Farmacia, Ciencias económicas, Derecho, Medicina-, dos eran docentes y una profesora de historia y literatura. Seis eran empleados, dos ceramistas, tres policías, un asistente social, dos abogados, dos ingenieros. Y el resto eran amas de casa.

Eran oriundos de Piedra Blanca, Villa Mercedes, La Toma, Justo Daract, Concarán y San Luis.

En tanto en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín y que presidió Ernesto Sábato, aparecen tres casos de puntanos o personas muy identificadas con nuestra sociedad, víctimas de la represión ilegal.

En el capítulo del “Nunca Más” titulado “Torturas” (en la página 57, 9° edición octubre de 2014, Eudeba) está el testimonio de Mirta Gladys Rosales, quien contó que fue detenida el 10 de marzo de 1976 en su lugar de trabajo, la Dirección General de Institutos Penales.

Fue conducida a la Delegación de la Policía Federal. “Al llegar me encontré con mi padre, un muchacho de apellido Mamondez que estaba con su hermana, y un joven Ramos, de Quines, como mi padre. Los Mamondez eran de Candelaria”, dijo.

“Luego supe que todos ellos habían sido salvajemente golpeados en Quines y posteriormente también en la delegación. En ese momento apareció un oficial de apellido Borsalino quien, tomándome de los pelos y a patadas me llevó a la parte de atrás del edificio y en la cocina me somete a una golpiza mientras me decía: ´Vos sos la culpable de que haya hecho cagar a esos infelices’”.

Rosales dijo que luego fue llevada a la oficina del delegado, donde estaban subdelegado Cerisola, el Teniente Coronel Lualdi, el comisario Visconti de la Policía Provincial y el propio Borsalino. “Me vendaron y entre insultos y amenazas de muerte me sometieron a golpes de corriente eléctrica, esposada a una silla, mientras me interrogan sobre mis actividades políticas”.

Después de esta sesión, la mujer denunció que fue golpeada en varias oportunidades mientras estuvo en la delegación, unos cuatro meses. Acusó que todas las golpizas se las dio Borsalino en presencia del comisario De María.

“A mediados de junio fui trasladada a la Cárcel de Mujeres, donde permanecí hasta el 9 de setiembre en que fui sacada por personal de Informaciones de la Policía Provincial y traída a la Jefatura de la Policía”.

Doscientas dos páginas después, en la 259 del capítulo “Represores y Esquema Represivo”, aparece otro testimonio puntano, no identificado.

“Yo comencé a tomar conciencia de lo que pasaba cuando detienen a mi amigo Jorge Velázquez, agente de la Policía de San Luis. Tanto él como yo y otro miembro de la Policía, Roberto Jesús Arce, habíamos descubierto que una empresa de Investigaciones de San Luis se dedicaba con la connivencia de funcionarios policiales y del Ejército a secuestros extorsivos, que derivaban en detenciones”, dijo.

El testimonio aclaró que los secuestrados eran personas, “totalmente inocentes” y que tanto él como sus compañeros participaron en los llamados grupos de de la lucha antisubversiva.

“Éramos nacionalistas y creíamos en lo que estábamos haciendo. Denunciamos los hechos ante el Ejército y ante el Subjefe de la Policía de San Luis”, recordó y sostuvo que ese fue el inicio de la debacle: “A los tres nos llevaron al cuartel del Grupo de Artillería Antiaérea 141 dependiente del III Cuerpo a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, donde fuimos brutalmente torturados”.

Tabicados, con los ojos vendados y picaneados, los oficiales eran sometidos también al submarino seco y fueron golpeados de tal manera que uno perdió los dientes. “Los torturadores, con nosotros, actuaban a cara descubierta”, dijeron.

En el capítulo titulado “Religiosos” aparece con el número 16 Mauricio López, primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, a quien el informe describe como pastor protestante y perteneciente al Consejo Mundial de Iglesias como delegado ejecutivo.

“Fue secuestrado en Mendoza el 1 de enero de 1977, sacado de su casa en presencia de su madre y sus hermanos, a quienes maniataron” para llevarse dinero, objetos de valor y documentación personal de la víctima.