Cruce de denuncias y versiones por una cesión de tierras para viviendas sociales

San Francisco del Monte de Oro es escenario de una fuerte controversia judicial y administrativa tras la formalización de una denuncia penal vinculada a la creación de un banco de tierras municipal. 

El conflicto enfrenta dos posturas irreconciliables: la del abogado Matías Molinaro, quien sostiene que la cesión de un predio esconde maniobras de corrupción, y la de la gestión municipal de Sandro Flores, que defiende el procedimiento como un acto transparente y necesario para el acceso a la vivienda.

La denuncia presentada por Molinaro apunta a una supuesta "maniobra de negocios" entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el particular Abel Gómez. Según el letrado, la cesión de casi seis hectáreas por parte del privado para la construcción de viviendas sociales sería, en realidad, una operación para regularizar y valorizar el resto del terreno a favor de Gómez. 

Molinaro cuestiona que la Municipalidad se comprometa a restituir hectáreas ya subdivididas e inscriptas al particular, además de señalar posibles irregularidades en la posesión de los terrenos, originalmente pertenecientes a la familia Astudillo.

Por su parte, la Municipalidad de San Francisco emitió un comunicado oficial en el que calificó la denuncia como infundada y aseguró que el proceso se realizó bajo el estricto cumplimiento de las leyes nacionales 21.477 y 24.320. También, con el aval del Concejo Deliberante.

Desde la comuna subrayaron que la ordenanza fue aprobada por unanimidad por los concejales y que se adoptaron recaudos adicionales para garantizar la seguridad jurídica. "No hubo actos ocultos ni realizados a espaldas de la comunidad", afirmaron, señalando que los antecedentes de la propiedad están a disposición para su consulta pública.

El abogado denunciante también puso el foco en la velocidad del trámite, calificándolo de "trámite exprés" por haberse resuelto en apenas dos semanas entre la escritura y la publicación en el Boletín Oficial. 

Sin embargo, desde el Municipio sostienen que se cumplieron todos los pasos institucionales y que la prioridad absoluta es dar respuesta habitacional a las 36 familias de la localidad que esperan su casa. Mientras la justicia debe designar un fiscal para investigar la presentación, la disputa mantiene suspendida la tranquilidad política en la localidad norteña.

Tras la denuncia de Molinaro que fue calificada por el infundada, desde el equipo del intendente Sandro Flores adelantaron que harán una presentación contra el profesional por "falsa denuncia".