Rechazan con fuerza la "provincialización" de las rutas nacionales

El acuerdo que el Gobierno provincial alcanzó con el de Javier Milei para administrar la ruta nacional 7 recibió un fuerte rechazo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial que lo calificó de “ilegal, inconstitucional e inoportuno”. Además dijo que la disposición viola los principios de legalidad, razonabilidad y federalismo.

El decreto se difundió la semana pasada y habilitó a los gobiernos provinciales de ocho provincias –San Luis entre ellas- a financiar el mantenimiento mediante el cobro de peajes directo en las rutas. La agrupación llamó a esa intención “provincialización” de las rutas nacionales.

Una de las razones más cuestionadas de la norma fue que no  estableció una transferencia presupuestaria, otro requisito constitucional. “Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los millones de dólares que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para el que fue creado”, acusó el Conaduv.

El organismo advirtió que la transferencia traerá graves consecuencias para la seguridad vial, las economías regionales, la logística productiva y el mantenimiento de la red vial. Además dijo que el cobro del peaje representa un “impuesto encubierto”.

El acuerdo para el traspaso de un tramo de la Autopista de las Serranías Puntanas a la provincia fue negociado por el propio gobernador Claudio Poggi con el Ministerio del Interior y fue un pedido expreso del puntano. La concesión vence en tres años y el contrato incluye la concesión extendida por 30 años más. A partir de entonces, la provincia podrá llamar a una licitación internacional para realizar las obras de reparación.