La salud mental de los trabajadores judiciales, un asunto que preocupa

Los pasillos del Poder Judicial en San Luis esconden un drama creciente entre empleados y funcionarios que trabajan día a día bajo una presión que para algunos es insostenible y que concluye en el deterioro de la salud mental al que se someten algunos de quienes tienen el deber de colaborar con la impartición de justicia.

Aunque no oficiales, los números son alarmantes. Al parecer, en la actualidad hay 20 empleados que pidieron licencia por cuestiones relacionadas con su salud mental originadas en distintos aspectos laborales como persecusión política, sobrecarga, estrés, falta de contención y malos tratos por parte de los superiores.

El problema es igualitario tanto para empleados de bajo rango como para funcionarios que en algunos casos concretos llegan a titulares de juzgados.

El caso más conmovedor es el de un profesional del área de computación de los Tribunales de Concarán que fue obligado a renunciar en agosto del año pasado y a los pocos meses se quitó la vida.  A ese hecho se sumó el intento de suicidio la semana pasada de una funcionaria de Villa Mercedes que sigue en funciones, va a sus oficinas todos los días y asiste a las juntas médicas con todas las certificaciones correspondientes.

Otro caso conocido es el de una jueza civil que debió renunciar por las presiones recibidas y ahora lucha con sus problemas psiquiátricos y psicológicos. Lo extremo de la situación es que habría hasta psicólogos del cuerpo auxiliar con pedidos de licencia por la misma causa.

Algunos empleados que no quisieron dar sus nombres señalaron que la situación es “insostenible y sin precedentes en el Poder Judicial”. Y que las razones del momento no son casuales: “Es la consecuencia directa de un entorno laboral hostil”.

Entre las críticas que se exponen en los testimonios se menciona la escasa ayuda que hay de las oficinas de Recursos Humanos y de los cuerpos auxiliares a los pacientes con este tipo de inconvenientes.  

El costado político aparece inevitable en la cuestión, ya que las fuentes señalaron que el hostigamiento es aún mayor cuando el empleado con inconvenientes no responde al gobierno de turno. Los diversos proyectos enviados por el Ejecutivo que ponen en riesgo algunos derechos ostentados por los trabajadores suman al escenario de incertidumbre.

Y muchos también hacen coincidir la profundización de los problemas con la llegada al Superior Tribunal de Víctor Endeiza, el enviado del gobernador al máximo organismo judicial de la provincia.