Villa de Merlo: la oposición cruzó al oficialismo y exige investigar la gestión

La reciente sesión del Concejo Deliberante de Villa de Merlo no solo dejó al descubierto el nivel de crispación que atraviesa la política local, sino también un reclamo social de fondo que no para de crecer: la demanda de transparencia en la administración de los recursos públicos.

Lejos de pacificarse con la resolución judicial que alude a la denuncia contra el ministro Juan Álvarez Pinto y el intendente interino Leonardo Rodríguez, la oposición cerró filas, acusó al oficialismo de intentar "confundir a la comunidad" y ratificó que el conflicto institucional se mantiene plenamente abierto.

El rechazo de la mayoría oficialista a la creación de una Comisión Investigadora —iniciativa impulsada por los ediles Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda para revisar los polémicos decretos y la prórroga de licencias sin el quórum reglamentario— fue interpretado por la oposición como un intento deliberado de bloquear el control republicano.

En un duro documento, los concejales de la minoría argumentaron que la decisión de la Fiscalía no convalida la legalidad de los actos ni constituye una absolución de fondo, sino que delimita que la resolución del conflicto pertenece al ámbito político y administrativo, competencia exclusiva del Poder Legislativo.

El debate en el recinto —que concluyó entre discusiones acaloradas, reproches cruzados y denuncias de conducción arbitraria y sesgada en el uso de la palabra— sirvió de caja de resonancia para un malestar social preexistente. A los cuestionamientos por el dictamen fiscal se sumaron reclamos vecinales de larga data:

Barrio El Pantanillo: Familias que asistieron a la Banca Ciudadana exigiendo explicaciones sobre el destino de los fondos enviados por Nación para obras esenciales de agua, gas y electricidad.

Balances y cuentas opacas: La aprobación apresurada con el voto de la mayoría oficialista de la rendición de cuentas de 2024, pese a la persistencia de dudas sobre los movimientos de partidas.

Iniciativas de Transparencia Activa: El impulso de proyectos normativos para obligar al Ejecutivo a publicar contrataciones, nómina de personal, licitaciones y pauta oficial.

Uso de recursos públicos: El pedido de informes elevado por la oposición para esclarecer los criterios técnicos que derivaron en la prioridad de adoquinar la cuadra donde reside el propio intendente interino.

Frente al intento del Ejecutivo municipal de dar vuelta la página bajo el argumento de que la imputación carecía de elementos probatorios, los bloques opositores advirtieron que mantendrán la ofensiva tanto en las comisiones del cuerpo como en el fuero judicial, donde continúa tramitándose otra presentación penal.

La sesión legislativa dejó una señal inequívoca: en Merlo, la mayoría en las bancas alcanza para frenar las investigaciones internas, pero no basta para apagar las sospechas ni para frenar el desgaste ante una opinión pública cada vez más atenta.

Con datos de El Corredor Noticias/redes sociales/redacción.