Compra de celulares: extendieron la preventiva para un acusado de estafar a 19 clientes

La jueza de Garantía Nº 1 subrogante durante la feria judicial, Agustina Dopazo Samper, resolvió prolongar por 90 días la prisión preventiva que pesa sobre Nicolás Michel Pérez, imputado por 19 hechos de estafa bajo la modalidad de esquema piramidal o Ponzi. A sus clientes les sacó dinero nacional y dólares. También utilizó billeteras virtuales.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada a pedido de la Fiscalía de Instrucción Nº 1, representada en esta oportunidad por la fiscal subrogante, Débora Roy Gitto, quien solicitó extender por 120 días la medida de coerción.

La defensa, a cargo de la defensora Oficial en lo Penal Nº 3, Cecilia Cabello, se opuso al planteo y pidió que se rechazara la prórroga.

Detalles de la audiencia

Prensa del Poder Judicial comunicó que Fiscalía, al reconstruir el caso, recordó que entre 2024 y enero de 2026, Pérez habría desarrollado una maniobra fraudulenta mediante la cual captaba inversores con la promesa de obtener importantes ganancias a través de la supuesta intermediación en la compra de teléfonos celulares de alta gama.

Según la acusación, una vez obtenida la confianza de las víctimas, recibía importantes sumas de dinero en pesos, dólares o mediante billeteras virtuales y, tras cumplir inicialmente con algunos pagos, dejó de responder a los reclamos, cerró sus redes sociales y se trasladó a la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

La Fiscalía señaló que la causa cuenta con 19 personas damnificadas y que aún restan producir medidas probatorias relevantes, entre ellas una pericia contable destinada a determinar el perjuicio económico total y reconstruir el circuito del dinero, además de informes de entidades financieras, pericias sobre dispositivos electrónicos y nuevas declaraciones testimoniales.

Al fundamentar el pedido de prórroga, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que persisten los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, remarcó que el imputado no posee arraigo en la provincia de San Luis, que se trasladó a Córdoba luego de los hechos investigados y que aún resta analizar información financiera y digital que podría verse afectada si recuperara la libertad.

Al resolver, la jueza Dopazo consideró que el Tribunal de Impugnación ya había valorado previamente la existencia del riesgo de fuga al revocar la decisión que había rechazado la prisión preventiva y ordenar su cumplimiento. Asimismo, entendió que aún quedan diligencias investigativas pendientes que justifican la continuidad de la medida cautelar.

No obstante, la magistrada estimó que el plazo solicitado por la Fiscalía resultaba excesivo, ya que no existía una fecha determinada para la realización de la pericia contable. En consecuencia, resolvió hacer lugar parcialmente al planteo y prorrogar la prisión preventiva por 90 días, plazo que consideró razonable para avanzar con las medidas de prueba restantes y permitir que la investigación continúe hacia su siguiente etapa procesal.