Entró a robarle, lo mató a golpes y acordó una pena de 13 años de prisión

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal 2 presentó un acuerdo de juicio abreviado por el homicidio de Valentín Manuel Sosa, el hombre de 64 años que fue atacado a golpes durante un robo cometido el 4 de agosto de 2025 en su vivienda del barrio 274 Viviendas de Juana Koslay.

El acuerdo contempla una pena de 13 años de prisión efectiva para Kevin Ortiz, como autor de homicidio en ocasión de robo, y dos años de prisión en suspenso para Marcos Videla, como autor de encubrimiento agravado.

Ambos imputados aceptaron los hechos atribuidos, las evidencias reunidas durante la investigación, las calificaciones legales y las penas acordadas con el Ministerio Público Fiscal.

La audiencia se realizó ante el Juzgado de Garantía 4, a cargo de la jueza Luciana Banó. La acusación estuvo representada por el fiscal de Instrucción en lo Penal 2, Ricardo Barbeito.

También participó la hermana de Valentín Sosa, quien fue escuchada y manifestó su conformidad con lo actuado.

Las penas todavía no constituyen una condena. Banó utilizará el plazo previsto por la ley para analizar el acuerdo y decidir si lo homologa.

Según reconstruyó Barbeito durante la audiencia, Ortiz sabía que Sosa guardaba dinero en su vivienda debido a la relación que la víctima mantenía con sus abuelos. El hombre les había contado que ahorraba para escriturar su casa y, además, los abuelos del acusado le confiaban dinero para que se los guardara porque temían que su propio nieto se los sustrajera.

La investigación determinó además que, días antes del homicidio, Ortiz habría intentado sumar a otra persona al robo. Le habría propuesto ingresar a la vivienda de un hombre, amenazarlo con un arma y llevarse una mochila donde guardaba dinero. Esa persona rechazó participar.

El 4 de agosto, alrededor de las 18:30, Ortiz se encontró con Videla en la casa de un amigo y le pidió que lo acompañara hasta Juana Koslay bajo el argumento de que debía cobrar un dinero. Parte del recorrido que hicieron a pie pudo ser reconstruido mediante cámaras de seguridad.

Cuando llegaron al barrio 274 Viviendas, Ortiz le habría pedido a Videla que esperara del otro lado de la calle porque Sosa solo dejaba ingresar a personas conocidas. Una vecina que paseaba a su perro vio al acusado conversando con la víctima en la puerta de la casa.

De acuerdo con la acusación, una vez adentro Ortiz golpeó tres veces a Sosa en la cabeza con un palo. Las lesiones terminaron provocándole la muerte. Después tomó una cantidad de dinero que no pudo ser determinada y escapó hacia el lugar donde lo esperaba Videla.

Ortiz le dijo a su acompañante que ya había “cobrado” y ambos corrieron por un barranco hacia el monte. Durante la fuga, el acusado se detuvo para quemar unos guantes de látex negros y le habría confesado a Videla que había tenido que golpear a Sosa porque lo conocía. Esa revelación habría provocado una discusión entre ambos.

La Fiscalía sostuvo la acusación con testimonios de vecinos, familiares y personas que estuvieron con los imputados antes y después del crimen. Entre ellos aparece la vecina que ubicó a Ortiz junto a Sosa minutos antes del ataque y que también vio a Videla esperando del otro lado de la calle.

Los abuelos de Ortiz confirmaron el vínculo que mantenían con la víctima y que le entregaban dinero para que se los guardara. También declaró el hombre al que el acusado habría intentado convencer previamente para participar del robo.

Otro testigo aseguró que, después del hecho, Ortiz le contó que había ido a robarle a una persona mayor y que no sabía si la había matado porque la había dejado inconsciente.

Para acordar los 13 años de prisión, la Fiscalía consideró como atenuante que Ortiz no tenía antecedentes condenatorios y valoró como agravantes las circunstancias en las que cometió el crimen y que se habría aprovechado de la relación de confianza que Sosa mantenía con sus abuelos para poder ingresar a la vivienda.

En el caso de Videla, el Ministerio Público Fiscal consideró la ausencia de antecedentes y no planteó agravantes, por lo que acordó una pena de dos años de prisión en suspenso.

Ahora será la jueza Banó quien deberá determinar si homologa el acuerdo y convierte las penas pactadas en condenas.