Millones para la reforma e inseguridad al rojo vivo: crecen los reclamos a Sosa y Serrano
Con hechos cada vez más violentos en toda la provincia, cuestionan la falta de respuestas y el destino de $2.765 millones a la reforma constitucional mientras "no hay plata" para proteger a los puntanos.
Cuando una gestión carece de ideas, los hechos hablan lo que el poder calla. Los pasillos gubernamentales y las calles de la provincia coinciden en un diagnóstico alarmante: la inseguridad parece haber quedado fuera de control sin que las autoridades logren encauzar la situación.
Las críticas apuntan de manera directa hacia la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el jefe de la Policía, Juan Carlos Serrano, a quienes distintos sectores señalan como “funcionarios de escritorio” con escasa noción de la realidad que se vive a diario.
Mientras la escalada delictiva se manifiesta con episodios de extrema violencia y robos continuados, el personal policial enfrenta exigencias sin límites con recursos acotados. Frente a la narrativa oficial que argumenta una constante falta de fondos, la asignación de $2.765.275.000 en el presupuesto para la reforma constitucional reavivó los reclamos sobre la urgencia de reorientar las partidas hacia equipamiento de las fuerzas y la mejora salarial de los empleados públicos.
Inseguridad sin freno
El mapa delictivo provincial exhibe puntos críticos en diversos departamentos. En Villa Mercedes, una familia del barrio Quintas del Betbeder sufrió un violento asalto en el que delincuentes derribaron una puerta a patadas, agredieron al padre y a su hijo y efectuaron un disparo de arma de fuego antes de maniatar a las víctimas.
En esa misma ciudad, se registró un intento de ingreso a la emblemática casa de la fallecida locutora Edith "Tití" Otazú, ubicada en la calle Juan W. Gez. En la capital provincial, el fotógrafo Adrián Marcoletta denunció la sustracción de sus herramientas de trabajo en su estudio de la calle Las Heras, manifestando públicamente que los ciudadanos honestos se encuentran desprotegidos ante el accionar delictivo.
La problemática se extiende a los corredores turísticos y localidades del interior. En la Villa de Merlo, una panadería sobre la avenida Fermín Romero sufrió el robo de maquinaria de producción, herramientas de mano y mercadería.
Por su parte, en el corredor de la Autopista 25 de Mayo, una vivienda de descanso en Nogolí fue desvalijada, sumándose a una serie de hechos recientes que afectan a loteos y zonas urbanas tanto de esa localidad como de Villa de la Quebrada.
La proliferación de patrullajes con reflectores en el interior y la presencia fija de efectivos en esquinas del microcentro capitalino dejan entrever la urgencia por contener una situación que continúa generando preocupación en la comunidad.
Cansancio
El escenario deja en evidencia un profundo nivel de hartazgo social frente a una gestión caracterizada por la impericia y la inoperancia. Resulta casi un acto de cinismo institucional que, mientras las víctimas se multiplican a diario en cada rincón de la provincia, el propio jefe de la Policía, Juan Carlos Serrano, haya aseverado recientemente que "en seguridad estamos bien", mostrando una desconexión total con el sufrimiento de los puntanos.
La postura se alinea con la conducción de la ministra Nancy Sosa, cuya gestión vacía de respuestas ni siquiera logra ofrecer titulares convincentes para los voceros del propio oficialismo y deja a la deriva a su rebaño. Entre la indiferencia de escritorio y el discurso repetitivo de la falta de recursos, las autoridades parecen priorizar los gastos políticos por sobre la tranquilidad de una comunidad que exige, de manera urgente, medidas concretas para dejar de vivir con miedo.
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