Cuestionan los ataques a jueces tras dichos de un exconcejal sobre una magistrada puntana
Las expresiones de Javier Suárez Ortiz reavivaron el debate sobre los límites de la crítica a la Justicia y la independencia judicial.
Las declaraciones del exconcejal de la ciudad de San Luis Javier Suárez Ortiz, quien calificó públicamente a una magistrada como una "enemiga del Gobierno de San Luis" por el contenido de sus resoluciones judiciales, volvieron a poner en discusión los límites de la crítica a los jueces y la protección de la independencia judicial.
En ese contexto, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) difundió este martes un comunicado en el que expresó su preocupación por "episodios recientes de excesos mediáticos" registrados en distintos puntos del país.
La entidad sostuvo que, bajo la apariencia de críticas periodísticas, en algunos casos se difunden "narraciones falaces" y se utilizan "expresiones calumniosas e injuriantes" dirigidas contra jueces y funcionarios judiciales, muchas veces impulsadas por intereses ajenos al debate público.
La FAM aclaró que los magistrados están sujetos al escrutinio ciudadano por ejercer funciones públicas, pero advirtió que ese control no habilita la difusión de datos falsos, insultos o imputaciones degradantes no comprobadas.
"Cuando ese límite se traspasa, ya no se ejerce la libertad de prensa: se instrumentaliza a los medios de comunicación como herramienta de presión sobre los tribunales", señala el documento.
La federación también remarcó que la democracia se fortalece con una Justicia independiente y que las decisiones de los jueces deben adoptarse exclusivamente conforme a la Constitución y la ley, sin presiones externas.
Finalmente, el organismo exhortó a que el debate público sobre la actuación judicial se desarrolle con responsabilidad y anunció que continuará defendiendo institucionalmente a los magistrados y funcionarios que sean objeto de campañas de desprestigio.
De esta manera, el pronunciamiento adquiere especial relevancia en un contexto en el que dirigentes políticos y exfuncionarios han endurecido sus cuestionamientos públicos contra integrantes del Poder Judicial por el contenido de sus decisiones.
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