La UTA define su conducción nacional: San Luis es uno de los focos de conflicto

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el estratégico sindicato que nuclea a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia de todo el país, afrontará entre el 7 y el 8 de octubre una elección nacional que definirá sus autoridades y que asoma como la más tensa de los últimos 18 años.

El actual secretario general, Roberto Fernández, buscará revalidar por quinta vez su cargo al frente del gremio que conduce de manera ininterrumpida desde hace casi dos décadas. Su hegemonía, basada en un fuerte verticalismo interno, una aceitada negociación permanente con las cámaras empresarias y la adaptación política a los distintos gobiernos, se pone ahora a prueba frente a lo que podría ser un fallo judicial sensible que propicie una mayor apertura electoral y abra paso a los opositores en las urnas.

A diferencia de las últimas tres elecciones, donde Fernández logró la unidad o listas testimoniales, esta vez enfrentará un escenario inédito: competirá con otras tres listas opositoras que buscarán canalizar el descontento por el deterioro del poder adquisitivo, las condiciones laborales y la cobertura médica. Esa atomización opositora, sin embargo, es leída por analistas del sector como un factor que objetivamente favorece al oficialismo de la Lista Celeste y Blanca.

Ese contexto nacional de caída de los aportes por la baja de pasajeros, crisis de rentabilidad de las empresas del sector y paritarias a la baja se replica con crudeza en las jurisdicciones. San Luis, con elección el mismo día, es una de las jurisdicciones donde el conflicto escaló al plano judicial.

San Luis: padrones, listas bajadas y un despido

En la provincia, la Lista Negra opositora denunció un entramado de irregularidades que ya está en manos de la Justicia Federal con competencia electoral.

Según explicó a este medio Leandro Recalde, abogado apoderado de la Lista Negra, la Junta Electoral -integrada por siete miembros afiliados electos en un congreso cuestionado y alineada con la conducción nacional- no quiere elecciones limpias. La Justicia le ordenó rehacer los padrones consignando el lugar de votación, clave tras lo ocurrido en 2022 cuando miles de afiliados no pudieron votar por no figurar en la mesa correspondiente. La orden vence hoy y no se cumplió.

La misma Junta rechazó la oficialización de tres listas opositoras. La Justicia le ordenó reevaluar con criterios claros y volvió a rechazar. Ahora el Tribunal deberá decidir si oficializa directamente esas listas, impone una veeduría electoral, posterga la fecha del 7 y 8 o incluso declara la nulidad del proceso.

El eje central de la denuncia es el padrón. De 70.000 afiliados a nivel nacional, la oposición sostiene que la mitad está bien y el resto es dibujo. Con consultas una por una en bases públicas de empleadores, aparecen fallecidos, carniceros, verduleros, empleados de otros rubros y hasta hinchas de Colón de Santa Fe. En el periodo de impugnaciones, la oposición presentó cajas con miles de reclamos con prueba que fueron planchados sin argumento, mientras con un papelito que nunca dejaron ver se incorporaron 574 afiliados nuevos.

A esto se suma un caso testigo que expone la persecución interna y que este diario publica en exclusiva: la declaración bajo juramento de Mariano Orozco.

Orozco, auxiliar de primera en el sector pañol de Transpuntano S.A.P.E.M., declaró que el 5 de agosto de 2026 fue despedido sin causa, de manera sorpresiva y con diagrama de trabajo y francos de agosto ya publicados donde figuraba.

Su legajo, asegura, es intachable. Su única circunstancia objetable para la cúpula gremial en ejercicio desde hace 7 años y medio en San Luis, correspondiente a la Lista Celeste y Blanca con cargos jerárquicos en la empresa, fue ser hijo de Lucio Orozco, subapoderado de la Lista Negra en San Luis.

En su declaración, Orozco afirma haber sido víctima de advertencias previas: "...Fijate que te pueden dejar sin trabajo porque tu viejo se presenta en la lista opositora...", control laboral permanente sin motivo por superiores de la Celeste y Blanca y la quita de beneficios como cambios de francos o trabajos en feriados que sí tenían sus compañeros. El testimonio, que ya está en manos de la Justicia, busca demostrar que el oficialismo no solo inclina la cancha en los padrones, sino que desplaza de las empresas a quienes compiten, o mejor dicho, a quienes se presentan para competir democráticamente.

El caso de San Luis, con referentes como Iván Piñero y la propia Lista Negra bajada en una primera instancia y echada de su lugar de trabajo, replica lo que denuncian opositores en otras seccionales: una elección donde el fraude grueso no se daría el día del comicio, sino antes, en el armado del padrón que define quién vota, quién no vota y dónde se vota.

Mientras la Justicia define si interviene el proceso, la UTA llega a octubre partida entre la continuidad de un modelo de 18 años y una oposición fragmentada pero que por primera vez logró llevar al oficialismo a tener que defenderse en Tribunales.