El Tribunal Electoral Municipal analiza la denuncia contra Enrique Picco

El Tribunal Electoral Municipal (TEM) recibió una denuncia para impugnar la candidatura de Enrique Picco a intendente de la ciudad de San Luis por “inhabilidad moral” debido a que fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por “tentativa de estafa”. El periodista Daniel Quiroga es el firmante de la impugnación y señaló que tomó esa decisión porque “creo que la Constitución es clara respecto de que todo ciudadano que tenga conocimiento de algún delito tiene la obligación de hacer la presentación ante la autoridad judicial o policial. Yo no tengo ninguna motivación, lo que tengo es razón de decir: Este candidato fue condenado por estafa y ahora viene por otra que se llama estafa disimulada”. Fuentes del TEM confirmaron que la denuncia efectivamente ingresó y que entre mañana o el jueves tomarán una resolución al respecto.

Señalan que la sentencia que el funcionario municipal recibió se remonta al 11 de septiembre de 2001 cuando él, su padre y sus hermanos fueron procesados y luego condenados a dos años y medio de prisión en suspenso por el juez de Sentencia, Carlos Varela. El origen de esa medida judicial fue haber contratado a la abogada Silvia Celi como patrocinadora para tramitar la sucesión de una tía de la familia, Amelia López, pero luego de realizada nunca le pagaron sus honorarios. La abogada además fue acusada por los parientes de falsificar firmas, aunque ese planteo fue rechazado por un perito caligráfico. Celi, entonces, denunció a los integrantes de la familia Picco López ante un Juzgado Civil y otro Penal, por tentativa de estafa.  

“Creo que tengo el deber como todo buen ciudadano, que vive del esfuerzo de su trabajo, de denunciar este tipo de maniobras si es que queremos una democracia que realmente valga la pena”, insistió Quiroga. Y aclaró que “no tengo bronca ni con Picco, ni con nadie. Es más los otros candidatos, una vez enterados de esto, tienen que pedirle al Tribunal Electoral por esta impugnación. Sobre todo aquellos que son abogados, porque lo primero que hacen al realizar su juramento es defender la Constitución, de lo contrario van a quedar como cómplices. Porque ha sido la Justicia Penal de San Luis la que dijo que es un delincuente”.

Consultado por El Diario de la República, el actual secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Luis señaló que “no le doy importancia, porque es un tema particular que ya está solucionado. Tanto yo como mi familia tenemos un abogado que siempre nos acompañó y trabajó con esto. Lo doy por terminado y no le asigno ninguna importancia. Simplemente es una chicana política más”. Y agregó que “no quiero entrar en polémicas, ni con la abogada, ni con los sectores políticos que buscan justamente el desprestigio”. La letrada damnificada coincidió con el candidato de San Luis Somos Todos en que finalmente el arreglo por sus honorarios en el Juzgado Civil se concretó. Pero la sentencia penal aún sigue firme.

Picco después presentó diferentes recursos ante la Cámara de Apelaciones, pero todos fueron denegados. Y ante ese panorama decidió acudir al Superior Tribunal de Justicia provincial, pero tampoco obtuvo resultado favorable. Hasta que en 2015 ocurrió un incidente con el expediente y se perdió. Pero el denunciante dijo contar con una copia de esa sentencia “porque quedan en el libro de protocolos de cada juzgado”.

Quiroga también hizo referencia al certificado de reincidencia que el candidato presentó: “Hice un pedido para que se investigue, porque hay una colega que ha publicado un certificado de buena conducta firmado por un funcionario policial. Yo no sé si ese funcionario lo ha firmado o no, y no sabemos si Picco no está buscando otro ardid con un certificado que no sabemos si realmente se lo dieron. Y me llama la atención que el Tribunal Electoral no haya pedido los antecedentes al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que es donde se informan todas los antecedentes penales de los ciudadanos”. 

Según el protocolo judicial, la Cámara de Apelaciones se encarga de pedir que se inscriban las sentencias en el Registro Nacional de Reincidencia.