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El proyecto de ley, desglosado punto por punto para entender su alcance

Pese a mantener la estructura esencial del escrito presentado en 2018, la versión que este martes llega al Congreso incluye varias modificaciones.

Aunque las chances de que durante este año la iniciativa sea sancionada son mínimas ya que la composición del Congreso no varió, las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, son conscientes de están ante un escenario con dificultades, pero se aferran a la estrategia de reiterar la presentación para mantener viva la visibilidad del tema en la agenda pública y ganar adhesiones de cara al 2020.

El proyecto legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y también lo autoriza más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

Una de las modificaciones se aplicó entre los causales por "inviabilidad de vida extrauterina del feto". Por fuera de ese plazo.

Otra de las modificaciones es que este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

 

Foto: Marina Balbo

 

El proyecto punto por punto

• Alcance: además de la mujer se incluyó "otras identidades con capacidad de gestar" a quienes "tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional".

• Causales: más allá de las 14 semanas, el proyecto establece que toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente y b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

Aquí se sacó la causal de "malformaciones" que estaba presente en el proyecto anterior por entenderlo como parte del concepto de salud integral de la mujer.

•Plazos: el proyecto fija un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde su requerimiento para a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud.

•Acceso a la información: el nuevo proyecto incorpora que el sistema de salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica. En el caso de las personas con discapacidad se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades.

• Apartado sobre la situación de niñez y adolescencia: El proyecto establece que si la IVE "debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal" o a las fijadas según la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En tanto que "si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona adolescente de entre 13 y 16 años de edad se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento" a excepción que esté en riesgo su salud, en cuyo caso "deberá prestar su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores".

• Personas con discapacidad y personas con capacidad restringida: Es un apartado nuevo del proyecto y establece que ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida al dar su consentimiento por terceras personas, "independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica".

• La objeción de conciencia de parte de los profesionales no fue contemplado en el proyecto.

• En referencia a la cobertura, el artículo 11 estableció que además del sistema público de salud, la práctica debe estar incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

• Código Penal: El proyecto propone que se sustituya el artículo 86 del Código Penal por la siguiente redacción: "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional".

• Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, el proyecto propone expresar que "no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) Si el embarazo fuera producto de una violación. Se debe garantizar la práctica con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional o personal de salud interviniente; b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante".

• En relación al artículo 87 el proyecto propone que "será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la mujer o persona gestante fuere notorio o le constare".

• En cuanto al artículo 88 del código se propone que "la mujer o persona gestante no sea penada en ningún caso".

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El proyecto de ley, desglosado punto por punto para entender su alcance

Pese a mantener la estructura esencial del escrito presentado en 2018, la versión que este martes llega al Congreso incluye varias modificaciones.

Foto: internet

Aunque las chances de que durante este año la iniciativa sea sancionada son mínimas ya que la composición del Congreso no varió, las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, son conscientes de están ante un escenario con dificultades, pero se aferran a la estrategia de reiterar la presentación para mantener viva la visibilidad del tema en la agenda pública y ganar adhesiones de cara al 2020.

El proyecto legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y también lo autoriza más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

Una de las modificaciones se aplicó entre los causales por "inviabilidad de vida extrauterina del feto". Por fuera de ese plazo.

Otra de las modificaciones es que este nuevo proyecto no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

 

Foto: Marina Balbo

 

El proyecto punto por punto

• Alcance: además de la mujer se incluyó "otras identidades con capacidad de gestar" a quienes "tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional".

• Causales: más allá de las 14 semanas, el proyecto establece que toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente y b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

Aquí se sacó la causal de "malformaciones" que estaba presente en el proyecto anterior por entenderlo como parte del concepto de salud integral de la mujer.

•Plazos: el proyecto fija un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde su requerimiento para a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud.

•Acceso a la información: el nuevo proyecto incorpora que el sistema de salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica. En el caso de las personas con discapacidad se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades.

• Apartado sobre la situación de niñez y adolescencia: El proyecto establece que si la IVE "debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal" o a las fijadas según la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En tanto que "si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona adolescente de entre 13 y 16 años de edad se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento" a excepción que esté en riesgo su salud, en cuyo caso "deberá prestar su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores".

• Personas con discapacidad y personas con capacidad restringida: Es un apartado nuevo del proyecto y establece que ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida al dar su consentimiento por terceras personas, "independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica".

• La objeción de conciencia de parte de los profesionales no fue contemplado en el proyecto.

• En referencia a la cobertura, el artículo 11 estableció que además del sistema público de salud, la práctica debe estar incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

• Código Penal: El proyecto propone que se sustituya el artículo 86 del Código Penal por la siguiente redacción: "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional".

• Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, el proyecto propone expresar que "no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) Si el embarazo fuera producto de una violación. Se debe garantizar la práctica con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional o personal de salud interviniente; b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante".

• En relación al artículo 87 el proyecto propone que "será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la mujer o persona gestante fuere notorio o le constare".

• En cuanto al artículo 88 del código se propone que "la mujer o persona gestante no sea penada en ningún caso".

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