Sugieren empoderar a las infancias para combatir las violencias

Además de ponderar el avance en la aprobación de regulaciones sobre violencia contra las infancias, sobre todo las de género y sexuales, un informe del Ministerio de Salud destacó en sus conclusiones la necesidad de lograr la conformación de órganos de seguimiento en todas las jurisdicciones, comunicar los resultados de los que ya funcionan y avanzar en la participación de la sociedad civil en esas acciones y la de empoderar a niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.

El documento titulado "Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niñas/es/os y adolescentes en la Argentina" observa "una falta de mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación de la implementación de los lineamientos y procedimientos para el abordaje integral" de ese tipo de casos.

Y resalta la escasez en la "investigación, judicialización y sanción de casos de violencia sexual", problemática que responde a múltiples factores. Entre ellas: "Obstáculos para el acceso a la Justicia, barreras sociales, estereotipos y prejuicios que dificultan la identificación de qué es violencia sexual, impidiendo su abordaje integral y la garantía del ejercicio de derechos".

Si bien en el documento se destacan los esfuerzos para prevenir la revictimización en los procesos judiciales a través, por ejemplo, de pautas para la toma de testimonios en Cámara Gesell, señala que esas acciones deben ser complementadas con el "fortalecimiento de las capacidades" de niños y adolescentes, y "su empoderamiento para el ejercicio de derechos".

A su vez, resalta que "la falta de enfoque hacia la prevención y la tendencia hacia medidas punitivas resulta incompleta y, por lo tanto, insuficiente para dar respuesta a las complejidades del fenómeno en sus dimensiones y especificidades reales".

Puntos para observar

El informe del Ministerio de Salud nacional cuenta con la participación de Unicef y ofrece recomendaciones de acuerdo a lo analizado.

Por ejemplo, incorporar el enfoque de derechos humanos y género de modo transversal en las políticas de las jurisdicciones y avanzar en el empoderamiento de los niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual.

Además, propone dar "un giro de la criminalización o control hacia la prevención" de los delitos, promoviendo la educación sexual integral.