Imputaron a una mujer por usurpar una casa

En el tiempo que duró su convivencia con su expareja, María Cortez habitó en una casa del barrio La Ribera de Villa Mercedes. Pero cuando esa relación terminó, el único que se fue de ese domicilio fue su ex, ella siguió su vida allí, aunque el lugar no fuera suyo. Ayer, después de casi un año de litigar fuera y dentro de los tribunales, el verdadero dueño de la vivienda consiguió lo que buscaba: que la Justicia le impusiera un ultimátum a Cortez, su excuñada, para que en las próximas semanas abandone definitivamente su casa.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal instructor Francisco Assat contó que la mujer se mudó al domicilio en cuestión a principios del 2020, con quien era su novio en ese momento.

La vivienda, en realidad, pertenece a un hermano del ex de Cortez. "Como ni la mujer ni el hombre tenían dónde vivir y no encontraban dónde alquilar, el denunciante le dio permiso a ambos para que vivieran allí", explicó el fiscal adjunto, Marcelo Saldaño.

Pero luego de dos años de convivencia la relación de la pareja terminó. "Se pelearon. El muchacho se retiró de la casa, pero quedó la mujer", narró.

Como ese vínculo terminó, el hermano de la expareja de Cortez le reclamó a la imputada que se marchara de su propiedad, pero ella le dijo que no.

A partir de ese momento, a mediados de 2022, el denunciante inició un proceso judicial, que arrancó con una carta documento dirigida a la acusada, en la que le exigía la restitución del domicilio. "Pero la mujer se negó a devolverle el lugar y por eso le formulamos cargos", explicó Saldaño.

"La mayoría de las personas piensa que usurpación es meterse por la fuerza o clandestinamente en una propiedad, pero también la usurpación se puede dar por abuso de confianza, es decir, manteniéndose en la vivienda que le prestaron en alguna oportunidad", aclaró el letrado.

En un momento de la audiencia Cortez dio su versión. "Cuando ella habló no hizo más que reconocer que la vivienda es del denunciante, pero argumentaba que ella estaba cuidando, que la casa no estaba escriturada, que tenía deudas y que (el denunciante) le debía dinero", dijo Saldaño.

El juez Santiago Ortiz ordenó que el denunciante preste caución juratoria en Fiscalía, por los daños que pueda causar la medida tomada, y, a partir de ese momento, Cortez tendrá 15 días para desocupar la casa.