En siete meses se sumaron 800 deudores alimentarios al registro

En una sociedad donde las familias monoparentales empiezan a ser reconocidas, se vuelve crucial rever fechas consolidadas históricamente y por una necesidad más consumista que fáctica: apenas pasado el Día del Padre, es oportuno recordar las responsabilidades, y por consiguiente, los derechos de las niñeces a tener una vida digna y acceso a la educación y a la salud.

Según el último informe realizado por Fundación Eforo, en Argentina hay 9,2 millones de hogares con un promedio de tres personas por casa. La mitad de ellos está formada por una pareja, se denominan “biparentales núcleo”, el 18,8 por ciento de los hogares son “unipersonales” (conformados por una sola persona) y 14% son “monoparentales núcleo”; es decir, aquellos en los que un único progenitor convive con sus hijos o hijas. 

En los casos de las familias constituidas por un jefe de hogar, solo el 3,8% son dirigidas por hombres, detalla el boletín de Estadísticas de Género, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El resto incluye a mujeres, en su mayoría, y después familiares de segunda línea, como abuelos y tíos.

“Desde lo que veo que llega al estudio, siempre el gran peregrinar es de las mujeres. Normalmente, son ellas las que se encargan del cuidado personal de los hijos en sus domicilios y son las que salen a pedir alimentos a esos progenitores, que si no los demandás, no pagan lo que deben. Hay dos tipos: está el que no paga y el que sí lo hace, pero paga menos de lo que debería”, contó Lucrecia San Emeterio, abogada de Familia.

Hace 15 años que Lucrecia se dedica en un 80 por ciento a atender a mujeres que no reciben la cuota alimentaria y el 20 por ciento restante, en su mayoría, son casos vinculados a violencia de género de tipo física.

En San Luis, desde 2004 existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que ha llegado a tener hasta 10.500 inscriptos. En los últimos siete meses se sumaron alrededor de 800 a la lista. Tanto para inscribir a una persona como para obtener la certificación negativa, debe realizarse por orden de un juez.

“La obligación alimentaria no es una cuestión de género, sino un derecho de los niños y puede afectar desde los progenitores hasta los abuelos. Actualmente realizamos entre cinco y cuatro inscripciones por mes”, explicó Ana Paula Mir Vidaurre, directora del Registro. Y reveló que en un 70% los deudores son hombres; un 10%, las abuelas de parte paterna y, en menor escala, las mujeres.

Las consecuencias de estar en este listado es que no pueden acceder a cargos públicos electivos, en la Magistratura, funcionarios públicos, judiciales o Defensor del Pueblo o de docencia; ni realizar trámites municipales, como solicitar licencias para taxis, la habilitación comercial o el carnet de conducir.

“Ante la falta de cumplimiento del progenitor, la obligación es con la intención de amparar al niño, entonces, se busca al familiar directo que esté en mejores condiciones, del lado del padre en su mayoría son las abuelas, porque tienen empleos estables. Nos hemos encontrado situaciones en donde los progenitores renuncian a sus empleos para que no les descuenten las cuotas”, ejemplificó Vidaurre.

Ese fue el caso de Karen Domínguez, quien tuvo a su hija Juliana sola, ya que el progenitor no se hizo cargo hasta que cumplió los 3 años; él decidió ejercer su derecho de paternidad, darle el apellido a la niña y establecer un régimen de visitas. Entonces, la madre comenzó el proceso de solicitar la cuota alimentaria a través de mediaciones y, tras tres reuniones, llegaron a un supuesto acuerdo.

“Me empezó a pasar mil quinientos pesos, hace cinco años, ya en ese momento no era suficiente, pero no pagaba más porque siempre era inestable con los trabajos. Todavía la Justicia está tratando de demostrar que renunció a propósito, la verdad es que me sentí abandonada como mujer y como madre”, relató.

Algo similar le ocurrió a Marina Toledo, quien se separó del progenitor de sus cuatro hijos en 2014. Estuvieron en juicio durante cuatro años por la cuota alimentaria, cuando dictaron la sentencia, él renunció a su trabajo en una fábrica.

Cinco años después, sigue esperando una respuesta, mientras que sus hijos no tienen obra social. Su hija más grande, en ese entonces tenía 14 años, hoy tiene 23.

“Soy empleada doméstica y oscilo entre cinco y seis empleos, hay que hacer todo: mantener, contener, criar y educar. Si bien estudié una carrera, nunca pude elegir de qué quería trabajar porque estuve presionada por la situación económica de agarrar lo que venga”, lamentó.  

Que el progenitor pague la cuota alimentaria es un derecho para el niño o niña otorgado por la Constitución Nacional. Legalmente, cuando el obligado a pasar los alimentos trabaja y es empleado, se libra un oficio y se le descuenta el monto establecido por la ley, que oscila entre el 20 y el 30%, directamente del sueldo; sin embargo, si no trabaja, tiene un empleo no formal o tributa, el juez es el que debe fijar una cuota y el pago es voluntario. En ese vacío es donde escurren la mayoría de los casos.

Hace unas semanas, una campaña, sin pañuelo aún, pero con muchas mujeres detrás, comenzó a resonar bajo el lema #pagálacuota y que pregona un punto clave: no hacerlo es violencia de género.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el organismo nacional Defensoría del Pueblo, el incumplimiento del pago de los alimentos del progenitor configura un supuesto de violencia económica contra las madres, quienes no solo deben asumir el cuidado personal de las niñas, niños y adolescentes, sino también soportar en forma exclusiva el costo económico de su crianza.

“Tenemos un montón de leyes y de normas que tenemos que lograr, no solo los jueces o el Estado, sino también los operadores de derechos, es que se apliquen. El tema es que hay mucha cantidad de juicios y esto genera demoras. Pero los procesos de cuotas de alimento son importantísimos, porque estamos hablando de los derechos de niños y niñas a comer, acceder a la salud, a vestirse y estudiar”, alentó la abogada.