Reforma Judicial Feminista: nueva campaña, viejos reclamos

Hace casi un año surgía en San Luis, en medio de varias luchas, una nueva campaña que el colectivo feminista y de la diversidad, que hoy comienza a cobrar mayor presencia en la agenda política, sin pañuelo aún que la identifique, pero con bases que se sentaron en el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias,  que se realizó en la provincia, nació la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista.

Fue en 2022 cuando, por primera vez en la historia de los encuentros, la temática “Reforma judicial transfeminista” apareció entre los talleres de los ejes abordados. El objetivo de esta campaña es visibilizar, para luego cambiar, las lógicas patriarcales y revictimizantes que proliferan en el sistema judicial argentino.

“La campaña nació como una unificación de un montón de agrupaciones, sindicales, políticas y académicas, donde fuimos trabajando el tema de la reforma judicial en clave feminista desde diferentes aristas y entendiendo que el problema está en la Justicia, desde su conformación hasta en el ejercicio”, detalló Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), y una de las creadoras de la campaña.

Sin embargo, hay un primer planteo que dentro del movimiento aún se cuestionan: ¿es feminista, transfeminista o debería ser reforma judicial, así, a secas?

“Hay muchas mujeres que no están a favor del término feminista y hay algunas compañeras que dicen que necesitamos simplemente una reforma judicial, y eso va mucho más allá de la cuestión de género. Además, el sujeto político que está impulsando esta pretensión de realizar cambios en la Justicia son las organizaciones de mujeres; somos las feministas”, resaltó Victoria Tesoreiro, subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, impulsora del Observatorio de Democracia Paritaria y activista militante.

La campaña, que ya cuenta con más de 600 adhesiones de movimientos y agrupaciones, advierten y reclaman la ausencia de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales, la falta de acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, la revictimización y los tiempos que tiene la Justicia. Además de la criminalización y estigmatización de personas de la diversidad, pueblos originarios y feministas.

Según el informe realizado por el Plan Nacional de Acción contra las violencias por Motivos de Género, en relación violencia física, en el 86 por ciento de los casos se detectaron demoras excesivas en la respuesta del sistema de administración de justicia. A su vez, en el 48 por ciento se observa fragmentación de las causas y falta de comunicación entre los diferentes fueros y organismos judiciales. Otro de los aspectos relevados fueron las medidas de protección. En el 66 por ciento de los casos, el otorgamiento demora más de 24 horas y las que se dictan no son efectivas.

“Tenemos cuatro jueces de la Corte Suprema, sin ninguna mujer, y tampoco tenemos una Corte que tenga una mirada en perspectiva de género e incluso de Derechos Humanos. El organismo ha demostrado persecución política y no solamente la falta de celeridad en su sentencia, sino que muchas veces termina restringiendo derechos adquiridos”, detalló García.

En la agenda de deudas de la campaña para con la Justicia están las temáticas referidas a la violencia de género, los acuerdos vinculados a la cuota alimentaria, la transparencia en la participación ciudadana, el achicamiento de los plazos judiciales, generar una alianza federal, una real aplicación de la Ley Micaela y uno de los grandes ejes, la paridad de género.

“El Poder Legislativo es el que más palpamos en referencia a la paridad. Luego, en el Ejecutivo avanzamos a medias y el Judicial es el poder más difícil. Tiene que ver con la dificultad que tenemos las mujeres para crecer en materia profesional por cuestiones como la maternidad y la complejidad de hacer una carrera en la jerarquía judicial”, remarcó Tesoreiro. Y García complementó: “Muchas veces nos encontramos donde hay poderes legislativos a nivel provincial que no la cumplen. Es importante tener más mujeres en la toma de decisiones, pero también es cierto que necesitamos que tengan formación. Mientras, el Ejecutivo no está cercano a la lógica paritaria, por no ser elegidos a través del voto. La realidad es que tenemos muchísimo menos acceso a jueces y juezas que ocupan cargos vitalicios, entonces, en algún punto, es cuestión de un cambio cultural también”.

Es por esto que una de las propuestas es la creación de un observatorio popular y feminista que siga al desarrollo de la gestión de autoridades del sistema judicial; la aplicación de sanciones a funcionarios que no recurran a la normativa internacional con perspectiva de género, y la escucha activa a mujeres, infancias y diversidades; este último, grupo que ocupa solo el uno por ciento de la representación dentro del Poder Judicial.

“Es una gran deuda la que hay todavía con las diversidades, que ni siquiera ocupan un lugar significativo en la toma de decisiones. Creo que todavía falta muchísimo. No podemos pensar en la perspectiva de género ni en los feminismos si no sumamos a las diversidades. La base tiene que ser la inclusión. Es un tema que hay que trabajar muchísimo y el primer paso es debatirlo, hablarlo y cuestionarlo, para poder cambiarlo”, reflexionó la abogada.

La reforma judicial feminista plantea una revisión crítica sobre el funcionamiento, conformación, integración e intervención del Poder Judicial basada en cuatro ejes: capacitación y sensibilización, a través de cursos obligatorios como es la Ley Micaela; selección y remoción, con la creación de un Consejo de la Magistratura (CM) con el objeto de elaborar los mecanismos de elección de las magistradas y los magistrados del Poder Judicial de la Nación; composición y brecha: si bien el 56,9 por ciento de los trabajadores son mujeres, al analizar la distribución de los cargos, la mayoría se ubica abajo en la pirámide jerárquica, con funciones administrativas, y decreciendo abruptamente en las máximas autoridades judiciales del país; y acceso a la justicia, con descentralización territorial, asistencia integral y digitalización, entre otras medidas.

“Es una lucha muy a largo plazo. Estamos trabajando en propuestas que puedan materializarse en cambios concretos. Si bien este es un año más dificultoso por el tema de las elecciones, vamos a seguir fortaleciendo sin duda esta alianza federal. De lo que no queda duda es de que se ha instalado como un tema de la agenda feminista y, pronto, en la del país”, cerró Victoria.