Diputados busca tratar ley que beneficia al Plan de Inclusión

Una carpa donde guarecerse de la lluvia, pero también como símbolo de protesta se erigió este jueves cerca de las escalinatas de la Legislatura de San Luis. Un grupo de beneficiarios del Plan de Inclusión Social —vestidos con las camperas verdes de Seguridad Comunitaria— manifestaron así su preocupación por lo sucedido en la Cámara de Diputados provincial en la última sesión, en la que no hubo quórum. Esto imposibilitó tratar la Ley de Presupuesto 2023, lo que permitiría cambiar su artículo 11 y así destrabar el ingreso de beneficiarios como contratados de la administración pública.

El miércoles, luego de que la Cámara de Senadores le diera media sanción al proyecto para modificar el artículo 11 por seis votos positivos contra tres negativos, el texto llegó a Diputados, pero no hubo quórum y la intención quedó inconclusa. Lo mismo ocurrió con el proyecto de ley de Presupuesto 2024.

El debate trunco en el recinto de la Cámara baja se produjo principalmente por el rechazo de los legisladores poggistas. Solo siete legisladores habían adelantado que no concurrirían al Parlamento por razones de salud; en la previa habían presentado sendos certificados médicos.

Para poder sesionar, según la Constitución Provincial, en el recinto debe estar presente la mitad más uno de los legisladores. Es decir, 23 representantes. Eso no ocurrió anteayer y la sesión naufragó.

El gesto generó preocupación en la gente que aún pertenece al Plan de Inclusión Social y que tiene chances de pasar a formar parte del plantel de trabajadores de la administración pública. Un amplio grupo, hace un largo tiempo, presta servicios en diversas reparticiones del Estado, y reúne las condiciones y la ambigüedad para dar un esperado salto que no solo significará una mejora económica, sino también una estabilidad laboral.

Ahora todas las miradas están puestas en el próximo miércoles, cuando la presidenta del cuerpo, Silvia Sosa Araujo, llame a sesión. "Se pretende especular con la posibilidad de que los beneficiarios del Plan de Inclusión alcancen sus contratos. En definitiva, lo que hicieron los legisladores poggistas fue una especulación política. Que falten cuatro, cinco o seis diputados es normal, suele ocurrir. Pero es la primera vez en el año que la oposición, en conjunto, no da quórum. Lo hicieron, por supuesto, para evitar debatir la modificación del artículo 11 del Presupuesto 2023 y permitir el ingreso de los beneficiarios del plan a la administración pública", opinó el legislador justicialista Federico Berardo, en diálogo con El Diario de la República.

"Con esto lo único que se logra es perjudicar a la gente que vive esto con mucha angustia. Hay muchas ilusiones puestas en esto y una especulación política no puede arruinar una mejora en la calidad de vida de muchos puntanos. Todos los años el Poder Ejecutivo, de la mano del gobernador Alberto Rodríguez Saá, ha incorporado gente de Inclusión Social. No es algo nuevo. En esta ocasión se trata de gente que, por un motivo u otro, no pudo acceder a un trabajo mejor y ahora tiene la posibilidad de ingresar al Estado", agregó Berardo.

La mitad más uno

Sosa Araujo subrayó que para sesionar hace falta la mitad más uno de los legisladores, cálculo que no se dio este miércoles. Confía en que la próxima semana la situación pueda revertirse.

"Tenemos la obligación de trabajar. Fuimos elegidos por la gente, entonces no podemos mirar para otro lado. Durante la sesión, el debate siempre está abierto y, a la hora de votar, cada uno sabe si vota en positivo o negativo. Pero hay que venir a la Legislatura a trabajar porque es nuestra responsabilidad. A raíz del faltazo y de la negativa de la oposición a bajar al recinto, tampoco pudimos analizar el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo. Nadie puede garantizar si la semana próxima habrá quórum o no. Confío en que cada uno afrontará su responsabilidad", señaló a El Diario de la República.

“Esperábamos contar con el acompañamiento de todos los bloques. Lamentablemente, eso no sucedió. Nosotros, como diputados, teníamos la obligación de tratar este derecho. Es una ley que beneficiará a trabajadores de Inclusión Social y entendíamos que los legisladores opositores no le iban a dar la espalda”, opinó la diputada Sonia del Arco.