Boletazo en San Luis

Los aumentos de tarifa siguen su marcha imparable y ahora los vecinos de la ciudad de San Luis deberán preparar sus bolsillos si quieren usar el transporte público.

El martes, por los votos de 8 concejales que responden al intendente Gastón Hissa, se aprobó una actualización tarifaria del 257%, lo que implica que a partir de mañana el boleto pasará de costar $70 a $250. A su vez, la ordenanza permite que se puedan hacer actualizaciones mensuales, los días 15 de cada mes.

En la sesión, los 7 concejales del peronismo, que prefirieron abstenerse en la votación, señalaron por un lado lo irregular de las actualizaciones mensuales. También denunciaron la hipocresía de Hissa y sus concejales, quienes nunca durante la gestión del saliente Sergio Tamayo apoyaron aumentos tarifarios.

Una de las concejales del oficialismo municipal, Mixci Huatay Otiniano, fue la encargada de justificar el tarifazo de Hissa. Allí destacó que hace 15 meses no se trataba una actualización del boleto y que la tasa de variación interanual del IPC había sido del 250%.

Otiniano recordó que el 12 de enero pasado el gremio UTA San Luis había solicitado la actualización. Los choferes estaban expectantes: presenciaron la sesión con sus representantes gremiales a la cabeza, entre ellos el secretario general Iván Piñeyro.

Posteriormente, la edil detalló que el 24 de enero Transpuntano se "plegó" al pedido. La Municipalidad presentó el proyecto, con un estudio de costos elaborado por la presidenta de la empresa y secretaria de Hacienda de la Intendencia, Fabiana Malamud. Sugestivamente, tanto el pedido de UTA como la iniciativa oficial fueron publicadas casi al mismo tiempo en las redes sociales de la Comuna.

Uno de los puntos más polémicos de la ordenanza es el que abre la posibilidad de las actualizaciones mensuales. El Artículo 2 sostiene: “Establecer una adecuación del valor de la tarifa del boleto del servicio público de transporte urbano de pasajeros aplicable todos los días 15 de cada mes según corresponda, aplicando el índice que resultará de los índices de movilidad e inflación de los costos operativos y laborales”.

Aquí los concejales peronistas señalaron que este apartado delega facultades del Legislativo al Ejecutivo, y que el índice es directamente ilegal, ya que no queda claro a qué variables refiere.

►La hipocresía de Hissa

Tras idas y vueltas por agresiones verbales por parte de los concejales Mauro Alesso y María del Carmen Mercado (ver cuadro), la concejal Paulina Calderón, del PJ, recordó que durante la gestión de Sergio Tamayo los concejales que hoy responden a Hissa nunca apoyaron una suba tarifaria en el boleto.

“Acá voy a repetir sus palabras presidenta (en referencia a Agustina Arancibia Rodríguez) en noviembre de 2022: 'Realmente es imposible acompañar esta medida, es lo que entendemos desde nuestro bloque, principalmente porque no existe un equilibrio entre esto de estar subiendo el boleto y ofrecer un mejor servicio a los vecinos'", citó.

“¿Qué cambió?, ¿mejoró el servicio?, ¿por eso justificamos el aumento? Aumento que significa más desesperanza para los vecinos y vecinas, en medio de una inflación espantosa, sin aumentos de salario, ¿es necesario un aumento de tal magnitud?”, argumentó Calderón, quien recordó que la inflación de 2023 fue del 217% y el boleto aumentó en 257%.

La concejal también señaló en sus redes sociales que Hissa criticó continuamente las subas de Transpuntano cuando era diputado provincial. En un tweet de 2022, en la aplicación conocida hoy como X, el actual intendente sostenía: “Inflación por las nubes y hoy en la ciudad de San Luis te aumenta el boleto de Transpuntano, así estamos”.

Calderón criticó la actualización mensual. “Ojalá los aumentos salariales fueran mes a mes por la inflación, o la cuota alimentaria. No se puede hacer porque hay impedimentos legales, no se puede en nuestro país aumentar automática o mensualmente ningún servicio. Para eso hay audiencias públicas. Estamos dispuestos a sentarnos las veces que haga falta, todos los meses, para eso nos pagan. Pero no podemos dejar librado a un índice que no sabemos cuál va a ser un aumento”, remarcó.

Alejandro Cordido, también del peronismo, ahondó en el polémico punto de las actualizaciones mensuales, asegurando que se trata de una delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. “Entendemos que es una actualización automática que no tiene que pasar por el recinto. Eso es una delegación legislativa y no corresponde. Entendemos también que muchos referentes y políticos de la provincia quieren seguir los pasos exactos del presidente (Javier) Milei y quizá tenga que ver con el porcentaje de gente que votó a Milei en nuestra provincia y en esta ciudad”, criticó.

Cordido, además, recordó que distintos aportes y subsidios se verán reducidos. Por un lado, un fondo compensador del gobierno nacional pasaría de 99 a 68 millones, una reducción de casi 30 millones y que representa un valor que se aportaba a la empresa en septiembre del año pasado. Por otro lado, los fondos municipales pasarían de 595 millones de pesos en este mes a 405 millones de pesos el próximo mes.

“No entendemos que la primera variable de ajuste sea reducir el aporte. La respuesta del funcionario municipal Luis Lucero Guillet (N. de R.: subsecretario de Relaciones Interinstitucionales) es que es una decisión política”, apuntó. Cordido propuso la participación del vecino en audiencias públicas para determinar los posibles incrementos.

Los colectiveros presentes se mostraron conformes con el tarifazo. Reconocieron que la gestión anterior hizo un "gran aporte" a la empresa, pero dijeron que el ajuste permite darles previsibilidad a los salarios y al sistema.

Mauro Alesso y María del Carmen Mercado se destacaron en la sesión, no por el tratamiento de la ordenanza en sí, sino por intervenciones que tuvieron que ver con una defensa política del intendente de la ciudad, Gastón Hissa, que implicaron agresiones verbales contra colegas.
Ambos esgrimieron el trillado y poco fundamentado slogan de la “Municipalidad devastada”. Alesso habló de “chorros” y se refirió a las denuncias en la Justicia. 
“Si alguno de nosotros entiende que estamos ante  la presencia de un delito, debemos denunciarlo, tenemos el deber como funcionarios públicos. Si   esto es parte de un relato, tenemos que respetar un principio básico del estado de derecho que es el principio de inocencia y el derecho de defensa”, retrucó con argumentos y altura el concejal Cordido, quien solicitó a la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, hacer cumplir el reglamento interno, que establece la explicación o retiro de dichos contra funcionarios públicos, algo que los ediles agresores no hicieron. 

Redacción