La Provincia insiste con el cobro irregular del agua para ganadería

Convertido en un ente recaudador, la sociedad estatal San Luis Agua mantiene las intimaciones con las que arrancó el año para que los productores que extraen agua de uso ganadero paguen la tarifa completa, sin discriminar que los de pequeña y mediana escala deben abonar aportes mucho más bajos.
El Gobierno ignoró que la Resolución 3210 de 2018 de San Luis Agua dispuso “una disminución del valor previsto” para los usuarios de aguas subterráneas de uso ganadero con baja aplicación de tecnologías cuyas perforaciones eroguen un caudal inferior a 10 metros cúbicos por hora.
“Analicemos para emprolijar, pero el agua hay que pagarla”, fue la ambigua respuesta del gobernador Claudio Poggi cuando hace una semana recibió a las cinco entidades ruralistas que volvieron a plantearle la irregularidad en el cobro del agua.
La voracidad recaudatoria del Estado fue criticada reiteradamente por los cinco gremios. La última fue hace dos semanas en un duro pronunciamiento, que incluyó el incremento desproporcionado del Impuesto Inmobiliario Rural: “El cobro de la tasa por el uso de agua para consumo animal es un verdadero disparate que atenta directamente sobre la producción. Solicitamos reunión con el presidente de San Luis Agua, todavía sin respuesta, habiéndole llegado a los productores intimidaciones y apremios para el cobro de esta imposición antiproductiva”.
San Luis Agua, en su carácter de autoridad de aplicación del Código de Aguas de la provincia, se encuentra facultada a disponer disminuciones sobre cargas financieras a abonar por los usuarios de agua cruda atendiendo a la distribución, comercialización, aplicación, zona geográfica e infraestructura, previa justificación técnica, social y económica.
Ese fue uno de los fundamentos que en 2018 el entonces presidente de la sociedad estatal Lucas Caymes utilizó a disponer una baja en la tasa para los productores con “incapacidad económica para hacer frente a costos de producción pecuaria debido a bajos márgenes de rentabilidad propiciado por una actividad ganadera con baja implementación tecnológica”.

“Dentro del entramado social también le pedimos al Gobierno que empiece a tener en cuenta al campo"

 

Según datos extraoficiales, sobre un total de siete mil productores registrados en la provincia, serían unos 150 los ganaderos perjudicados por la disposición de la actual gestión de cobrar una abultada tarifa, ignorando las excepciones vigentes.
“Tenemos información oficial que se han perdido más de 1.500 productores, más de 500.000 cabezas en la provincia y esto es un deterioro que hay que revertirlo porque todos esos productores y sus empleados pasan a engrosar la parte de la sociedad que está pasándola muy mal”, advirtió a El Diario Ariel Ayello, presidente de la Sociedad Rural Río Quinto.
El dirigente villamercedino fue más allá y alertó que “dentro del entramado social también le pedimos al Gobierno que empiece a tener en cuenta al campo porque ya no va más eso de la oligarquía vacuna ni mucho menos; hoy el productor pequeño y mediano de todo el país ha pasado a ser un integrante de la sociedad que está con muchos problemas de subsistencia”.
La resolución de San Luis Agua de 2018 surgió dos meses después de una nota dirigida al entonces ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Sergio Freixes, firmada por las entidades rurales, centros ganaderos y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis.
Entre otros puntos, allí solicitaron el "no cobro" del agua extraída por los molinos y pequeñas bombas auxiliares de menos de 10.000 litros por hora, al considerar que en muchos casos son operativos por lapsos breves de tiempo por rotura de molinos o falta de vientos: "Estas extracciones no se cobran en ninguna otra provincia de la República Argentina".
 Analizaron entonces que como ese agua proviene de las napas subterráneas, el volumen utilizado por la ganadería resulta mínimo con respecto al aporte de las lluvias. 
Por ejemplo, tomando un promedio anual de 600 milímetros de precipitaciones, equivalen a 6.000 metros cúbicos por hectárea al año y de colocar en la misma superficie una unidad ganadera  con un consumo de 50 litros diarios, el uso efectivo sería de 18 metros cúbicos frente a los 6.000  recolectados. Todo esto considerando una alta carga animal.
"No condice con el Plan Ganadero de San Luis y Carnes San Luis, gravar el agua de brebaje animal", sentenciaron.