Tufo a corrupción: todos los detalles de la denuncia por los oscuros negociados del PANE

El escándalo que desató el culebrón del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE) llegó a las esferas de la Justicia. El caso de corrupción, sin precedentes, despertó innumerables señalamientos, con pruebas contundentes que demuestran maniobras obscenas, impúdicas y absolutamente deshonestas. Los diputados del Justicialismo Silvia Sosa Araujo, Sonia Delarco y Federico Berardo, materializaron la presentación en los Tribunales. 

Los apuntados como partícipes de los delitos son: Federico Trombotto (Ministro de Desarrollo Productivo), César Oliva (Director de Valor Agregado de la cartera de Trombotto), Víctor Daniel Boiero (Director de Fiscalización y Control-presidente de Sol Puntano), Eugenia Gallardo (Secretaria de Estado del PANE), Guillermo Araujo (Ministro de Educación) y Ricardo Bazla (Secretario de Ética Pública-garante de la transparencia y la ética en el Gobierno). Asimismo, la denuncia va contra todos aquellos otros funcionarios públicos o particulares que surjan involucrados en la investigación. 

La presentación se plasmó luego de que se tomara conocimiento público de la situación, que involucran la implementación irregular y fraudulenta del PANE. Como legisladores, remarcaron que desde hace más de un año han tomado acciones contundentes en relación a las cuestiones de salud pública, solicitando informes al Ministerio de Educación, entre otras medidas desoídas. Si bien se entiende que la Justicia está investigando la posible comisión de delitos, la denuncia se formuló "en relación a las recientes investigaciones en torno a la irregularidad de las contrataciones y la posible participación de funcionarios del Gobierno en dichas contrataciones, claro, en beneficio personal". 

Una movida gravísima

La denuncia remarca que el PANE fue diseñado para ser administrado mediante una sociedad anónima estatal (Sol Puntano SAPEM), eludiendo controles administrativos, contables, jurídicos y bromatológicos esenciales para la elaboración y distribución de alimentos destinados a establecimientos escolares.

Los hechos revisten particular gravedad por la constatación de un inmueble ubicado en Esteban Adaro y San Juan -en la capital- propiedad de Trombotto, que es utilizado como establecimiento de producción de viandas del PANE, contratadas y pagadas por el propio Ministerio de Desarrollo Productivo mediante mecanismos opacos y ajenos a las reglas de contratación pública (involucrándose personal y patrimonialmente en el negocio de la comercialización de viandas escolares).

Esto revela un claro dominio de dicho ministro sobre la productividad económica del establecimiento privado y los beneficios patrimoniales que obtiene a partir de la actividad que del otro lado, él dirige, como funcionario público. 

Por otra parte, César Oliva -Director de Valor Agregado- arroja una participación activa en la gestión operativa del inmueble y en las contrataciones directas, conformando una de las caras visibles de la operatoria, funcionario y amigo personal de Trombotto. 

También se destaca la participación de otros funcionarios como Víctor Daniel Boiero -y otros no identificados- en una "organización que operaría de modos sistemático para facilitar las contrataciones irregulares y la derivación de fondos públicos en beneficio propio". 

Al mismo tiempo, se apunta a Eugenia Gallardo, Guillermo Araujo, Ricardo Bazla y todos los que debieron obrar en tareas de control y auditoría, quienes autorizaron o no controlaron las contrataciones y que de ese modo, habrían incurrido en maniobras de encubrimiento y omisión de denuncia. 

En la denuncia destacaron gravedad del impacto institucional de las irregularidades, fundamentalmente en un contexto electoral, a escasos días de los comicios, donde Trombotto y Gallardo son candidatos. 

Los delitos

La investigación correspondiente lo determinará. Pero por lo pronto se advierte la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), malversación de caudales públicos (art. 261 del Código Penal), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del Código Penal), asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) y encubrimiento y omisión de denuncia (art. 277 del Código Penal).

Petitorios
Se requirió la resolución de diferentes oficios para obtener informaciones claves respecto a las cuentas CVU y CBU asociadas al cuil/cuit de Trombotto, Oliva, Boiero y los movimientos entrantes y salientes durante un periodo de 30 días (febrero del 2025). También se pidió que se haga un oficio a la Municipalidad de San Luis, para que remita copia de las habilitaciones de la propiedad de Trombotto en Esteban Adaro y San Juan y de los vehículos que se ven en las fotos periodísticas. 

Buscan datos de la titularidad de los vehículos, que se informe si los titulares tienen libreta sanitaria, que se detallen las participaciones societarias de todos los funcionarios mencionados y sus familiares directos, que se informe la nómina de expedientes de gestión en periodo 2024-2025 iniciados con imputación a partidas PANE y Sol Puntano, que se libre un oficio a Ecogas y Edesal para verificar los consumos durante 2025 (enero a abril) del inmueble de Trombotto, entre otros requerimientos. 

En otro tramo de la denuncia, se solicita que se ordenen las medidas de prueba necesarias: requerimientos de informes, allanamientos, inspecciones, declaraciones testimoniales, pericias contables y toda otra que resulte conducente. De igual modo, se pide que se adopten medidas cautelares de suspensión en el cargo de los funcionarios denunciados mientras dure la investigación, para garantizar su eficacia y transparencia.